En un contexto global marcado por los compromisos del Acuerdo de París de 2016, los países de América Latina y el Caribe (ALC) todavía muestran rezagos en la aplicación de impuestos medioambientales. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en 2023 los ingresos tributarios de este tipo apenas representaron, en promedio, el 0,9% del Producto Interno Bruto (PIB) de la región, muy por debajo del promedio de la OCDE, que llegó al 1,8%.
Estos impuestos buscan aplicar el principio de “quien contamina paga”, enviando señales de precios para desincentivar actividades con alto impacto ambiental y favorecer aquellas más sostenibles. Sin embargo, en la mayoría de los países de ALC su desarrollo ha sido limitado.
El informe señala que, más allá de los gravámenes sobre combustibles y vehículos, los tributos ambientales son todavía incipientes. En contraste, algunas naciones han dado pasos relevantes al introducir políticas de tarificación del carbono. Argentina, Chile, Colombia, México y Uruguay ya cuentan con impuestos al carbono, principalmente en el sector transporte, aunque con tasas aún insuficientes para lograr reducciones efectivas de emisiones.
El BID recuerda que, a pesar de que las subvenciones a la energía se redujeron 30% entre 2012 y 2019, estas volvieron a dispararse en 2021, duplicándose con creces, lo que refleja la dificultad de los gobiernos para equilibrar objetivos fiscales, sociales y ambientales.
En cuanto a los ingresos por país, Costa Rica lidera la región con una recaudación del 2,0% del PIB en impuestos ambientales, mientras que Belice se ubica en el extremo opuesto con apenas 0,1%.
El desafío para ALC es claro, diseñar regímenes tributarios medioambientales más efectivos, capaces no solo de generar recursos fiscales, sino de acelerar la transición hacia economías bajas en carbono en línea con los compromisos internacionales.
