El nuevo impuesto de 8% a los videojuegos propuesto en el Paquete Económico 2026 encendió las alarmas en la industria del gaming en México.
La medida, impulsada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aplicará a títulos violentos, extremos o para adultos, clasificados en las categorías C y D según el sistema mexicano de equivalencias de la ESRB.
En la práctica, esto significa que juegos como Grand Theft Auto, Call of Duty o Elden Ring, que generan miles de millones de dólares a nivel global, verán un incremento en su precio.
Aunque el gobierno espera recaudar alrededor de 183 millones de pesos con este gravamen, los consumidores serán los principales afectados, ya que las empresas no absorberán el costo.
El impacto no sólo alcanzará a los grandes estudios, sino también a la industria independiente mexicana, que apenas suma entre cuatro y cinco años de desarrollo.
Con un valor de 2,300 millones de dólares anuales y más de 76 millones de jugadores activos, los estudios indies se enfrentan ahora a una mayor desventaja frente a las grandes compañías internacionales.
De acuerdo con especialistas, los gamers mexicanos tendrán que reducir su gasto en juegos o elegir títulos más populares, lo que afectará directamente a los proyectos locales.
“Es un balde de agua fría para los pequeños emprendedores mexicanos”, señaló Mario Valle, cofundador de Altered Ventures.
¿Videojuegos causan violencia?
El gobierno justifica el impuesto como una medida para “fomentar hábitos de consumo más saludables”, basándose en estudios que asocian los videojuegos violentos con un aumento en conductas agresivas.
Sin embargo, investigaciones recientes ponen en duda esa relación y cuestionan si este tipo de medidas realmente cumplen con su objetivo.
En otros países, como Estados Unidos, se han propuesto impuestos similares pero no prosperaron, principalmente por dudas legales y de viabilidad.
Con información de Expansión.
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