La promesa de seguridad social para repartidores y conductores aún no se cumple del todo, a más de dos meses de haber iniciado el programa piloto del IMSS para trabajadores de plataformas digitales como Didi, Uber y Rappi.
Solo 133,000 repartidores de casi un millón de registrados lograron cobertura completa, lo que evidencia que las reglas actuales dificultan el acceso. Sin embargo, esta cifra resulta baja si se compara con el casi millón de personas que estuvieron registradas en el primer mes de operación del esquema.
Expertos señalan que la principal barrera es el umbral de ingreso exigido, ya que para tener cobertura total se requiere demostrar ingresos equivalentes al salario mínimo, después de aplicar deducciones.
De acuerdo con especialistas, la fórmula para el aseguramiento descontó un porcentaje elevado del ingreso bruto según el tipo de vehículo utilizado, sin considerar propinas. Así, un conductor con automóvil tuvo que facturar al menos 21,000 pesos mensuales, uno con motocicleta 17,000 pesos, y un repartidor en bicicleta o a pie, casi 10,000 pesos.
El decreto de la reforma ya prevé una reducción en los porcentajes de deducción para el último trimestre de 2025, lo que permitirá que los montos requeridos bajen.
Se espera que este cambio incremente el número de trabajadores en Didi, Uber y Rappi para que accedan a seguridad social completa.
Repartidores de Didi y Rappi con riesgos
Especialistas advierten que quienes no alcanzan el umbral solo tienen cobertura por riesgos de trabajo, quedando sin prestaciones de salud, maternidad, pensión o guarderías.
Además, el carácter intermitente del trabajo en las apps provoca que un mes un trabajador pueda estar asegurado y al siguiente no, generando incertidumbre para él y su familia.
Otro desafío es la falta de campañas de difusión para que los trabajadores conozcan sus derechos. También se debe definir cómo podrán organizarse colectivamente, formar sindicatos y negociar contratos.
Los analistas coinciden en que el reto será la definición de las leyes secundarias en 2026, que deberán garantizar un acceso más amplio a la seguridad social, con deducciones más bajas y reglas que reconozcan la realidad laboral de este sector.
Con información de El Economista.
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