El rezago educativo, la precariedad laboral y la exclusión social mantienen en pobreza a millones de jóvenes en México, advirtieron expertos este viernes durante el foro virtual “Alternativas frente a la exclusión y el rezago educativo de jóvenes”.
En México hay 30.5 millones de personas jóvenes, de las cuales 14.4 millones son considerados “jóvenes oportunidad”. De este grupo, 4.8 millones están fuera de la escuela y sin trabajo, 6.9 millones tienen empleos precarios sin estudiar y 2.6 millones aún cursan estudios pero viven en pobreza, explicó Esteban Álvarez, coordinador de la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno.
Ocho de cada 10 jóvenes en exclusión total son mujeres, en su mayoría dedicadas a labores domésticas y de cuidados no remunerados.
De acuerdo con el INEGI, el 30% de los jóvenes de 15 a 29 años vive en pobreza, porcentaje superior al 26 % de los adultos entre 30 y 64 años. En mujeres jóvenes, la cifra se eleva a 32%.
Aunque la pobreza general ha disminuido en años recientes, el rezago educativo juvenil creció del 19% al 27% entre 2016 y 2024, lo que equivale a 8.2 millones de jóvenes con estudios inconclusos o insuficientes.
En la Ciudad de México, donde habitan dos millones de jóvenes, el 77% de quienes trabajan lo hacen en condiciones precarias, señaló Emilia Ramírez, directora de la Red Global Jóvenes Oportunidad Ciudad de México (GOYN). Además, casi dos tercios carecen de estudios universitarios, lo que limita el acceso a empleos mejor remunerados.
Un 80% de las vacantes que superan los 10,000 pesos mensuales (544 dólares) exige al menos bachillerato concluido, lo que profundiza la exclusión laboral juvenil.
Propuestas para revertir el rezago en México
Entre las medidas propuestas destacan fortalecer la educación técnica de nivel medio superior, impulsar un sistema nacional de cuidados para liberar tiempo a las mujeres jóvenes y reformar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, garantizando capacitación efectiva y vinculación laboral.
Los especialistas coincidieron en la urgencia de implementar políticas públicas con participación del sector privado y la sociedad civil, para garantizar los derechos de la población joven y frenar la reproducción de la pobreza.
“Todas las personas jóvenes tienen derechos y promover su ejercicio requiere políticas efectivas y coordinación social”, concluyeron.
Con información de EFE.
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