Fitch Ratings informó que a una década de la reforma constitucional en materia de disciplina financiera, el marco institucional que regula a los gobiernos subnacionales en México se ha fortalecido gracias a la implementación de normas prudenciales. Esto ha contribuido a una mejora en el desempeño financiero de las entidades federativas.
De acuerdo con la agencia internacional de calificación crediticia, se han observado avances en la sostenibilidad de la deuda, una mayor capacidad recaudatoria, mejor control del gasto y mayor liquidez. Estos factores han permitido mejoras en las calificaciones crediticias de varios estados. Sin embargo, persiste una limitante importante: El nivel de inversión pública estatal continúa siendo bajo.
Evolución del endeudamiento subnacional
Antes de la implementación de la reforma constitucional y la Ley de Disciplina Financiera (LDF), la deuda subnacional crecía a un ritmo acelerado, con tasas anuales cercanas a 25 %. Sin embargo, tras la entrada en vigor de este nuevo marco regulatorio, la contratación de deuda con fines de inversión pública productiva se ha estancado.
Actualmente, la deuda continúa concentrada principalmente en gobiernos estatales, los cuales han aprovechado mecanismos de refinanciamiento para reducir sus costos financieros. Además, el aumento de las tasas de interés en el contexto pospandemia ha contribuido, en parte, a limitar un mayor endeudamiento.
Bajo nivel de inversión pública
En el conjunto de entidades evaluadas por Fitch Ratings, la mediana del gasto de capital se ha mantenido por debajo de 10 % del gasto total desde la entrada en vigor de la reforma.
La agencia observa que, en años recientes, la inversión apenas ha logrado recuperar los niveles previos a la pandemia. Este repunte ha estado impulsado principalmente por una mejora en los márgenes operativos de los estados, más que por la contratación de deuda.
Con la implementación del Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el primer reporte con datos de la Cuenta Pública 2016 clasificó a 20 entidades con endeudamiento sostenible, 10 en observación y una en nivel elevado.
En contraste, el informe más reciente (primer semestre de 2025) muestra que el 100 % de las entidades federativas se encuentran actualmente dentro del rango de endeudamiento sostenible.
De mantenerse esta condición hasta el cierre del año, Fitch Ratings estima que los gobiernos estatales podrían acceder a un financiamiento adicional de hasta 227,300 millones de pesos, asumiendo el uso total del techo permitido, equivalente a 15 % de sus ingresos de libre disposición.
Esta cifra representa aproximadamente 0.67 % del Producto Interno Bruto nacional y es 2.4 veces mayor al potencial de endeudamiento observado en 2018, lo que evidencia una mejora significativa en la capacidad de financiamiento sin comprometer la sostenibilidad fiscal.
Crecimiento desigual y retos económicos en el horizonte
A nivel nacional, el crecimiento económico se mantiene lento y está concentrado principalmente en los estados que reciben mayor inversión federal.
En este contexto, la relación bilateral con Estados Unidos y la próxima revisión del T-MEC en 2026 representan desafíos clave para la competitividad del país, así como para la atracción de Inversión Extranjera Directa y la generación de empleo.
Frente a este panorama, las mejoras en la calidad crediticia de los estados y un entorno de tasas de interés más bajas ofrecen una ventana de oportunidad para incrementar el gasto de capital.
Este financiamiento podría destinarse a infraestructura social, seguridad, transporte, agua, saneamiento y turismo, sectores estratégicos para fortalecer el crecimiento económico a nivel estatal.
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