Según la resolución, Argentina tendrá un plazo de dos semanas para transferir las acciones de YPF al Bank of New York Mellon (BNYM), bajo una cuenta de custodia global. Preska aclaró que no será necesario celebrar audiencias orales adicionales, ya que “los documentos presentados por las partes son suficientes”.
La decisión repercutió de inmediato en los mercados: las acciones de YPF cerraron con una caída de 5.67 % en Wall Street.
El presidente argentino Javier Milei reaccionó rápidamente al fallo a través de la red social X. «Vamos a apelar este fallo en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales», afirmó, aunque no precisó la estrategia legal. En cambio, apuntó directamente contra Axel Kicillof, gobernador bonaerense y exministro de Economía durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando en 2012 se concretó la expropiación de YPF. “Haber llegado a esta situación es responsabilidad directa del inútil soviético de Axel Kicillof”, escribió Milei, en un tono confrontativo.
Origenes del caso
El conflicto judicial tiene su raíz en la nacionalización de YPF en 2012, cuando el Estado argentino expropió a la española Repsol el 51% de sus acciones en la petrolera. La operación no incluyó una oferta pública de adquisición (OPA) por las acciones restantes, lo que provocó demandas de accionistas minoritarios.
El caso fue promovido en 2015 por las firmas Burford Capital (Reino Unido) y Eton Park (EU), que habían adquirido los derechos de litigio de Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, dos sociedades vinculadas al grupo argentino Eskenazi, que llegó a poseer un 25% de YPF y quebró tras la estatización.
En septiembre de 2023, la jueza Preska falló a favor de los demandantes y estableció que Argentina violó los estatutos de YPF al no lanzar una OPA, fijando una indemnización multimillonaria.
La petrolera argentina, según su último balance, cuenta con activos por US 29.714 millones y un patrimonio neto de US 11.908 millones. La decisión judicial de esta semana podría impactar tanto en su gobierno corporativo como en su cotización internacional.
Mientras el Gobierno argentino insiste en que apelará, el fallo marca un hito en el largo conflicto que se originó hace más de una década y cuya factura sigue acumulándose para el país.
Fuente: EFE
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