La Autoridad de Competencia y Protección del Consumidor de Polonia (UOKiK) anunció que Volkswagen Group Polonia pagará 17.6 millones de euros de multa como parte de un acuerdo transaccional que pone fin al proceso administrativo abierto por el escándalo internacional conocido como Dieselgate.
La sanción impuesta se debe a que la compañía manipuló pruebas de emisiones de gases contaminantes entre 2008 y 2015, engañando a los consumidores respecto al cumplimiento de la norma Euro 5 y a la supuesta “limpieza ecológica” de vehículos de las marcas Volkswagen, SEAT, Škoda y Audi.
La UOKiK señaló además que la empresa instruyó a sus concesionarios a rechazar automáticamente reclamaciones de clientes, pese a que los vehículos no cumplían con las condiciones contractuales.
Un proceso iniciado en 2020
El procedimiento contra Volkswagen en Polonia comenzó en 2020. Inicialmente, la empresa apeló la sanción, pero el Tribunal de Protección de la Competencia y el Consumidor (SOKiK) ordenó a las partes buscar un acuerdo. Finalmente, la multa fue confirmada tras negociaciones en las que participaron también la Fiscalía General.
El presidente de la UOKiK, Tomasz Chróstny, destacó que el acuerdo cierra el proceso administrativo, aunque no resuelve las demandas civiles individuales que los consumidores mantienen abiertas, muchas de ellas en tribunales alemanes.
El escándalo Dieselgate estalló en 2015, cuando la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) descubrió que Volkswagen había instalado un software ilegal en 11 millones de vehículos. Este programa reducía artificialmente las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) en pruebas de laboratorio, mientras que en condiciones reales los niveles superaban hasta 40 veces los límites permitidos.
A nivel mundial, Volkswagen ha pagado más de 30,000 millones de euros en multas, compensaciones y reparaciones, principalmente en Estados Unidos.
En 2025, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que los compradores afectados por el Dieselgate tienen derecho a una indemnización del fabricante si el uso del software fraudulento les causó perjuicios.
En Polonia, aunque la sanción administrativa ya fue aplicada, las reclamaciones civiles continúan siendo objeto de litigios, lo que mantiene vivo el impacto del escándalo en la región.
Con información de EFE.
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