Un centenar de agricultores europeos se concentraron este jueves en la plaza de Luxemburgo, en Bruselas, para protestar contra el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, al que acusan de poner en riesgo a productores locales y consumidores.
Los manifestantes, pertenecientes a la coordinadora europea Vía Campesina, corearon consignas como “Por la salud, rechacemos este tratado” y “Unión Europea, detén Mercosur”. Aseguran que el pacto no garantiza una protección suficiente frente a la competencia de productos provenientes de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.
Representantes de organizaciones agrícolas de Bélgica, Francia, Alemania y Países Bajos advirtieron que los estándares sanitarios y medioambientales podrían rebajarse, afectando la calidad de los alimentos en el mercado europeo.
Según Kato Demeester, agricultora de Flandes, la firma del tratado sería una “traición a los agricultores europeos” y priorizaría las exportaciones de automóviles a Latinoamérica antes que la supervivencia del sector agrícola en Europa.
En la misma línea, Birgi Haepers denunció que Bruselas “prefiere la venta de coches antes que a sus agricultores”, afirmando que las disposiciones del pacto no ofrecen garantías reales sobre el cumplimiento de estándares sociales y medioambientales.
Consumidores también en alerta
Thomas Hyberechts, de la organización Fugea, sostuvo que el acuerdo también perjudicará a los consumidores europeos, al abrir las puertas a “productos de menor calidad que los producidos en la UE”.
Por su parte, el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, defendió que las importaciones agrícolas serán supervisadas cada seis meses y que, en caso de anomalías, se aplicarían medidas rápidas en un plazo máximo de 21 días.
El acuerdo UE-Mercosur incluye una cláusula de salvaguardia, que permite suspender el pacto si se detecta una perturbación en el mercado o incumplimiento de sus disposiciones. Para reforzar esta medida, la Comisión Europea propuso un acto jurídico adicional, en respuesta a la presión de países como Francia, que temen impactos negativos en su sector agrícola.
Con información de EFE.
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