El 18 de septiembre de 2015, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) acusó a Volkswagen de manipular pruebas de emisiones con software ilegal. Una década después, el mayor fabricante de autos de Europa todavía arrastra las consecuencias.
El origen del Dieselgate se remonta a 2013, cuando tres estudiantes en California detectaron irregularidades en un Volkswagen Jetta. Sus hallazgos derivaron en la investigación que reveló en 2015 que el grupo instalaba software para falsear resultados en pruebas de emisiones.
Tras hacerse público, las acciones de Volkswagen se desplomaron y su entonces director ejecutivo, Martin Winterkorn, presentó la dimisión.
En Estados Unidos, Volkswagen pagó más de 20,000 millones de dólares en multas e indemnizaciones. En Alemania también recibió sanciones por miles de millones.
El fabricante calcula en 33,000 millones de euros los costes internos derivados de la gestión del escándalo. Además, varios exempleados enfrentaron juicios y condenas, aunque el proceso contra Winterkorn quedó suspendido por motivos de salud.
En la actualidad, el director general Oliver Blume define al Dieselgate como un “choque cultural autoinducido”. Durante la feria IAA Mobility en Múnich, afirmó que el grupo implementó nuevas normas de cumplimiento, cambió su forma de gestión y viró la estrategia de producto hacia la electromovilidad.
Para especialistas como Helena Wisbert, profesora en la Universidad Ostfalia, el escándalo aceleró el declive del diésel y abrió paso al avance de los autos eléctricos.
Un punto de inflexión para Volkswagen
Aunque la crisis quedó fuera del foco mediático en los últimos años, el Dieselgate sigue siendo recordado como uno de los mayores fraudes corporativos de Europa. Marcó un antes y un después en la industria automotriz, con impacto financiero, reputacional y regulatorio que aún condiciona el presente de Volkswagen.
Con información de DPA news.
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