Como medida preventiva para asegurar que el gasto público se ajuste a la disponibilidad real de ingresos, el Gobierno Nacional ha decidido aplazar gastos por 20 billones de pesos, equivalentes al 1,2% del PIB.
Esta acción busca garantizar el cumplimiento de la Regla Fiscal, conforme al Plan Financiero 2024, en caso de que el recaudo tributario al final del año sea inferior al proyectado.
Según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, este aplazamiento no afectará los recursos destinados a inversión social en los territorios ni tendrá impacto en los sectores de educación, salud y defensa. «Este aplazamiento presupuestal no afecta proyectos de inversión previamente contratados que se encuentran en fase de ejecución», afirmó el ministerio.
Mediante el Decreto 766, el Gobierno Nacional ha definido el aplazamiento presupuestal, que abarca principalmente partidas de funcionamiento y algunas asignaciones de inversión aún no comprometidas.
El Ministerio de Hacienda explicó que la Regla Fiscal es un instrumento de planeación financiera cuyo objetivo es establecer metas puntuales sobre el balance fiscal en función del nivel de deuda pública, garantizando la credibilidad y sostenibilidad de las finanzas públicas.
En un comunicado oficial, el Ministerio de Hacienda señaló que “con ello se busca minimizar su impacto sobre la ejecución de programas de gobierno estratégicos, asociados con el impulso de la actividad económica y la transformación productiva con justicia social y justicia ambiental, con la cual está comprometido este gobierno”.
El documento agregó que el equipo económico continuará haciendo un seguimiento riguroso de la ejecución presupuestal para identificar el comportamiento de las cifras fiscales y adoptar los correctivos necesarios para preservar la sostenibilidad financiera estatal en un marco de responsabilidad fiscal.
Programas estratégicos
Este decreto se enfoca en asignaciones que no ponen en riesgo la puesta en marcha de programas estratégicos de inversión pública durante el resto del año. Del total aplazado, el 67% corresponde a gastos de funcionamiento (13,4 billones de pesos) y el 33% restante al presupuesto de inversión (6,4 billones de pesos).
En cuanto a la inversión, se aplazan partidas dirigidas a programas que son viables de ejecutar en las próximas dos vigencias, asegurando que esto no afectará el cumplimiento de las metas estratégicas del programa del Gobierno del Cambio.
Esta medida ha sido avalada por el Consejo de Ministros en pleno, por lo que las repercusiones sectoriales específicas pueden ser informadas al público por los ordenadores del gasto en cada cartera
