La Contraloría General de la República encendió las alarmas sobre el panorama financiero del ICETEX para el año 2025. Según un reciente análisis del ente de control, la reducción del 33% en los recursos proyectados para esta entidad amenaza con impactar el acceso a la educación superior de miles de jóvenes estudiantes colombianos, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad.
En respuesta a denuncias ciudadanas, la Contraloría solicitó al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Educación y al ICETEX información detallada sobre los recursos destinados a créditos, becas, subsidios y manutención para estudiantes en condiciones de pobreza extrema, indígenas y otros grupos vulnerables. Adicionalmente, pidió claridad sobre los giros programados para el próximo año y el impacto que podría generar la reducción presupuestal en las líneas de crédito existentes.
De acuerdo con el informe, mientras el Ministerio de Educación reportó un aumento del 36% en los recursos asignados a la gratuidad de matrícula para 2025, el presupuesto del ICETEX pasaría de $1,2 billones en 2024 a $859.036 millones en 2025. Este ajuste implicaría una reducción del 47% en las líneas de crédito administradas directamente por la entidad, dejando en vilo su capacidad para mantener programas clave.
El análisis de la Contraloría advierte graves consecuencias para la política de financiación de la educación superior en el país, entre ellas:
•Cierre de líneas de crédito a largo plazo destinadas a las poblaciones más vulnerables.
•Incremento en las tasas de interés para beneficiarios de subsidios, lo que elevaría el valor de las cuotas.
•Posible incumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo, que proyecta 500,000 nuevos cupos en educación superior.
•Riesgo de no cumplir con las metas estipuladas en el documento CONPES 3872 de 2016 y en el Programa Paces, financiado por el Banco Mundial.
Adicionalmente, la desfinanciación afectaría de manera significativa a las universidades privadas, principales receptoras de los créditos del ICETEX, lo que podría traducirse en una pérdida de competitividad para este segmento del sistema educativo. Ante este panorama, la Contraloría hace un llamado al Gobierno Nacional para que implemente medidas urgentes y concertadas que garanticen una financiación adecuada para los créditos educativos en 2025. La entidad insiste en la importancia de priorizar recursos que permitan sostener el acceso a la educación superior, especialmente para los estudiantes más vulnerables.
