La Contraloría General de la República dio a conocer los resultados de una auditoría en la que se detectaron hallazgos fiscales por presuntas irregularidades en la gestión de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que habrían afectado un monto cercano a los $160 mil millones. La investigación, realizada por la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, se centró en la gestión de la ANT entre 2022 y abril de 2024, específicamente en relación con el proceso de adquisición y adjudicación de predios del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral (RRI).
Según la Contraloría, se identificaron 14 hallazgos administrativos, de los cuales 10 podrían tener implicaciones disciplinarias y 6 presentarán presuntas afectaciones fiscales. Como resultado, la entidad abrió una indagación preliminar y un proceso administrativo sancionatorio ante las incongruencias detectadas en la información presentada por la ANT.
El ente de control destacó que el manejo inadecuado de los recursos pone en riesgo el éxito de la Reforma Rural Integral, además de comprometer el uso adecuado de los fondos públicos destinados a las comunidades campesinas y étnicas. Uno de los principales problemas encontrados fue la compra de predios con suelos clasificados como inadecuados para la producción agropecuaria, principalmente en regiones donde más del 50% de la superficie de los predios adquiridos era de suelos de clase VII, los cuales están clasificados como no aptos para cultivos o ganadería, de acuerdo con la Ley 160 de 1994 y el Acuerdo 329 de 2014.
Además, algunos de estos predios presentan hasta un 30% de su superficie cubierto por humedales, lo que imposibilita su aprovechamiento agropecuario. La Contraloría subrayó que estas adquisiciones no cumplen con los requisitos necesarios para el desarrollo de proyectos productivos en el marco de la reforma, lo que comprometería una inversión pública de $43.306 millones de pesos.
Otro hallazgo alarmante fue la ocupación ilegal de varios predios adquiridos. La Contraloría evidenció que la ANT no cumplió con la debida custodia y control sobre los terrenos comprados, lo que permitió invasiones en zonas destinadas a comunidades campesinas. Esta falta de diligencia provocó un posible detrimento patrimonial por $5.646 millones y una afectación social considerable para las poblaciones beneficiarias del proceso.
Además, se identificaron importantes retrasos en la entrega de los predios a las comunidades campesinas y étnicas. Según los datos obtenidos por la Contraloría, de los 205 predios adquiridos, solo el 12,2% fueron entregados a campesinos, un 5,3% a comunidades indígenas y apenas el 1% a comunidades negras. Este retraso no solo incumple las metas de la Reforma Rural Integral, sino que genera costos adicionales por el mantenimiento de terrenos adquiridos pero no entregados a las comunidades.
La Contraloría también resaltó que las demoras y deficiencias en la ejecución de este proceso afectan directamente el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado en el marco del Acuerdo de Paz. La falta de avance en la entrega de tierras y la correcta implementación de proyectos productivos podría generar un presunto detrimento de recursos públicos por $110.322 millones, lo que agrava la situación y compromete el bienestar de las poblaciones más vulnerables.
