La corrupción estatal sigue siendo el mayor obstáculo en la lucha contra el contrabando en Colombia, según Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco. El dirigente gremial expresó su preocupación por la creciente participación del Estado en la proliferación de mercancías ilegales que ingresan al país, a través de cargos, funcionarios y autoridades que no cumplen con su rol de control.
De acuerdo con cifras proporcionadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el contrabando en Colombia representa una pérdida anual de $35 billones debido a la entrada de mercancías de origen ilegal. Este fenómeno, que afecta gravemente a la economía nacional, tiene una incidencia directa en sectores clave como la industria textil y de confecciones, que enfrentan una competencia desleal y un retroceso en su producción.
Cabal destacó que las medidas tomadas por el Gobierno para intentar frenar el contrabando, como el aumento de los aranceles a importaciones de vestuario y confecciones provenientes de países asiáticos, no han producido los resultados esperados. En particular, se refirió al aumento del 40% de los aranceles, una medida que, según el gremio, ha generado más perjuicios que beneficios. “Hoy tenemos cifras alarmantes de $3 billones en contrabando, lo que ha provocado una caída en la producción textil y de ropa en Colombia”, indicó el presidente de Fenalco.
El dirigente también señaló que, a lo largo de los últimos años, el Gobierno ha prometido una “guerra frontal” contra el contrabando en los planes de desarrollo, pero que estos esfuerzos se han quedado en promesas incumplidas, debido a la persistente corrupción dentro de las estructuras del Estado. “Los planes y anuncios sobre el control del contrabando se quedan en palabras vacías. La corrupción es el factor que impide que los esfuerzos sean efectivos”, aseguró Cabal.
Con la situación empeorando y el contrabando afectando la competitividad de la industria local, el presidente de Fenalco insistió en que la solución no pasa por políticas arancelarias más agresivas, sino por una lucha más eficiente contra la corrupción y un control más riguroso de las aduanas. Sin estas reformas estructurales, advirtió, la economía colombiana seguirá perdiendo miles de millones en contrabando y sus sectores productivos seguirán enfrentando una competencia desleal.
