Las tensiones entre el Gobierno Nacional y el sector energético colombiano escalaron esta semana tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien acusó a las empresas generadoras de no adoptar la fórmula tarifaria legal que impone techos a las tarifas de energía hidroeléctrica y solar. Además, anunció un decreto que restringiría la venta de energía en bolsa a un máximo del 5% del total generado en el país.
En respuesta, los principales gremios del sector —ANDESCO, ACOLGEN, ANDEG, ASOCODIS, NATURGAS, SER COLOMBIA y ACP— emitieron un comunicado conjunto en el que rechazaron los señalamientos del Ejecutivo y advirtieron sobre los riesgos económicos, técnicos y jurídicos que implica intervenir el mercado eléctrico por decreto.
“La propuesta no fue adoptada por ninguna empresa porque carece de sustento técnico y pone en riesgo la confiabilidad del sistema, la sostenibilidad económica de los proyectos y, en consecuencia, las tarifas para los usuarios”, señalaron los gremios en el comunicado.
A su juicio, la modificación al esquema tarifario presentada como una “nueva fórmula”, podría frenar la inversión en nuevas capacidades de generación, especialmente en fuentes renovables, justo cuando el país necesita avanzar en su transición energética.
Los gremios explicaron que los precios en bolsa reflejan la estrechez entre oferta y demanda, y que este mecanismo representa en promedio menos del 7% del valor total que pagan los usuarios finales. “La dinámica de precios en bolsa es un mecanismo transparente y competitivo, utilizado en mercados energéticos a nivel mundial, y no genera ganancias injustificadas”, aseguraron.
También destacaron que el servicio ha sido garantizado por los distintos actores de la cadena generadores, transmisores, distribuidores y comercializadores pese a un entorno de creciente presión financiera.
Sobre la transición energética, hicieron un llamado a evitar la improvisación: si bien reconocen el valor de los sistemas solares residenciales, subrayan que estos no reemplazan a la red nacional y no garantizan cobertura continua sin sistemas de almacenamiento, especialmente en horas nocturnas o días con baja radiación solar.
Finalmente, los gremios pidieron al Gobierno abrir espacios de diálogo institucional, técnico y legal para construir soluciones estructurales y sostenibles que beneficien a todos los usuarios sin afectar la estabilidad del sistema eléctrico.
