El gobierno colombiano aseguró que está trabajando en un nuevo decreto con el fin de establecer las pautas claras para el abandono de pozos petroleros en el país, para asegurar que los pozos inactivos sean gestionados de manera segura y respetuosa con el medio ambiente. Esta iniciativa, liderada por el Ministerio de Minas y Energía, responde a la creciente preocupación por los impactos ambientales de la industria petrolera, particularmente en lo que respecta a la desactivación de pozos.
La normativa tiene como objetivo central reducir los riesgos ambientales asociados con el abandono de pozos no operativos, lo que incluye evitar la contaminación de suelos, aguas y aire, así como otros efectos negativos en los ecosistemas circundantes. Además, el gobierno busca alinearse con las mejores prácticas internacionales para el cierre de pozos, siguiendo las recomendaciones de organismos globales que promueven la sostenibilidad y la responsabilidad en el manejo de los recursos naturales.
Uno de los aspectos clave del proyecto de decreto es la obligación de las empresas petroleras de presentar planes detallados para el abandono de cada pozo. Estos planes deberán ser aprobados por las autoridades competentes y contener acciones técnicas, operativas y financieras para garantizar que el proceso se lleve a cabo de manera adecuada. Las empresas deberán especificar medidas para la limpieza de equipos, eliminación de residuos industriales y restauración de los terrenos afectados por las actividades extractivas.
Además, según el gobierno, se requerirá un inventario exhaustivo de los recursos y activos de cada pozo antes de su desactivación, con el objetivo de asegurar que todos los componentes sean correctamente gestionados al finalizar su vida útil. La normativa también establece que las empresas deberán financiar este proceso de abandono, evitando que los costos sean asumidos por el Estado, como ha ocurrido en ocasiones anteriores.
El gobierno ha puesto especial énfasis en asegurar que las empresas cuenten con los recursos suficientes para llevar a cabo el abandono de los pozos de manera responsable. Para ello, el proyecto de decreto incluye la creación de un mecanismo de garantía financiera, que actuará como una especie de seguro para cubrir los costos asociados al abandono. Este mecanismo será crucial en casos donde las empresas enfrenten dificultades financieras o incluso quiebren, lo que podría dejar al Estado asumiendo responsabilidades no previstas.
El decreto también contempla un sistema de supervisión robusto. Las autoridades del sector, como el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), serán las encargadas de monitorear el cumplimiento de los requisitos establecidos. Esto incluirá inspecciones regulares y auditorías en los sitios de abandono, asegurando que las empresas cumplan con las medidas de restauración ecológica y la eliminación de residuos peligrosos. Además, se verificará que no existan fugas de hidrocarburos u otros contaminantes, protegiendo así tanto el medio ambiente como la salud de las comunidades cercanas
