A menos de un año y medio para el final del mandato de Gustavo Petro, los ambiciosos proyectos ferroviarios que el Gobierno había promovido como una de sus principales apuestas de infraestructura no han mostrado avances significativos. Las propuestas, que buscan transformar la conectividad y la eficiencia en el transporte de carga entre las regiones colombianas, siguen enfrentando obstáculos y demoras, dejando en el aire el futuro de una de las iniciativas más esperadas por el sector logístico.
Según la exministra de Transporte, María Constanza García, hasta septiembre de 2024, el país contaba con una red ferroviaria de 3.533 kilómetros, de los cuales solo un 29% (aproximadamente 1.024 km) estaba en operación, movilizando un 11% de la carga total del país. Aunque la Ley Ferroviaria, radicada por segunda vez en el Congreso en 2024, busca impulsar este sector, hasta ahora no se han reportado avances concretos ni actualizaciones significativas sobre el progreso de los proyectos que se habían anunciado con gran optimismo.
En este contexto, uno de los pocos proyectos que ha mantenido la atención es la APP de la vía férrea La Dorada-Chiringuaná, que sigue pendiente de adjudicación. Este proyecto, que tiene una inversión aproximada de $3,4 billones, ha enfrentado repetidos aplazamientos, lo que genera preocupación entre los actores involucrados.
El proceso de licitación para la APP La Dorada-Chiringuaná ha sido marcado por constantes retrasos. A pesar de que en agosto de 2024 se inició el proceso de socialización, la licitación, que inicialmente debía cerrarse en diciembre de 2024, ha sido aplazada hasta en cuatro ocasiones. Según una resolución de la Agencia Nacional de Infraestructura, el nuevo plazo para la selección de oferentes fue extendido hasta el 5 de febrero de 2025, con un cierre de licitación programado para el 7 de febrero.
El presidente Gustavo Petro ha solicitado que se amplíe el número de oferentes para garantizar una mayor transparencia en el proceso, un aspecto que también ha sido respaldado por el gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez, quien señaló que los mismos oferentes fueron los que solicitaron más tiempo para presentar sus propuestas.
Gutiérrez destacó la importancia de la vía férrea no solo para la conectividad, sino también para el desarrollo económico de la región. La creación de una zona franca, el impulso a la producción agrícola, especialmente en la siembra de soya y trigo, y el establecimiento de una planta de energías alternativas son algunos de los beneficios esperados para la región una vez se adjudique la licitación.
El Gobierno había anunciado hasta ocho proyectos ferroviarios en el marco de su plan de modernización del transporte, pero el panorama parece incierto. Darío Hidalgo, experto en movilidad, subrayó la necesidad de completar estos proyectos para reducir los costos y la huella ambiental del transporte terrestre de carga, especialmente en el caso del carbón. Entre los proyectos prioritarios mencionados por Hidalgo están el recuperar el Ferrocarril de Magdalena, establecer conexiones en el Pacífico Antioquia y la Red Central, y avanzar en los planes del ferrocarril de la Altillanura y el Cupica-Urabá.
No obstante, Hidalgo es claro al afirmar que “estamos lejos de ver la luz en todos los proyectos”. La falta de avances concretos en los proyectos en marcha ha generado una sensación de frustración, especialmente en el contexto de la crisis logística que enfrenta el país.
