San Salvador. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha publicado recientemente un informe que el gobierno de El Salvador había mantenido en reserva desde 2023. En este documento, el FMI advierte que la reforma de pensiones implementada en diciembre de 2022 no solo no abordó las debilidades estructurales del sistema, sino que también agravó sus vulnerabilidades.
La reforma de 2022 incrementó en un 30% la pensión mínima y los beneficios de los pensionados existentes, sin modificar la edad de jubilación. Además, redujo las comisiones de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y aumentó en un punto porcentual la contribución patronal. El FMI señala que, dado que las pensiones se financian principalmente con las cuentas de ahorro individuales de los afiliados, imponer pensiones superiores al monto determinado por la fórmula de retiro a 20 años solo acelerará el agotamiento de estas cuentas, lo que probablemente aumentará los pasivos del Tesoro a mediano plazo.
El informe también destaca que la reforma genera importantes pasivos contingentes al otorgar una garantía pública general para todas las reclamaciones relacionadas con pensiones. Asimismo, la eliminación del límite para que el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) emita títulos en los ahorros administrados por las AFP debilita la diversificación de la cartera y desplaza la inversión privada.
En cuanto a la deuda pública, el FMI advirtió que, sin reformas, esta podría alcanzar el 82% del Producto Interno Bruto (PIB). Recomendó la adopción urgente de un plan integral para abordar los desequilibrios macroeconómicos, incluyendo una mayor movilización de ingresos y eficiencia del gasto, así como la restauración de la Ley de Responsabilidad Fiscal, suspendida en 2020.
Como respuesta a estas observaciones, el gobierno de El Salvador se ha comprometido, en el marco de un acuerdo financiero de us$1,400 millones con el FMI, a realizar una nueva reforma de pensiones en 2026. Esta reforma buscará poner el sistema en una base sólida, contener los costos fiscales y abordar los pasivos contingentes.
Además, el Ministerio de Hacienda y el FMI han acordado realizar estudios sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones salvadoreño y posibles reformas al mismo. Estos estudios tienen como objetivo fortalecer el sistema y garantizar su viabilidad a largo plazo.
El reciente acuerdo financiero entre el gobierno de El Salvador y el FMI destaca la obligación de realizar una nueva reforma de pensiones en 2026, diseñada bajo la supervisión del organismo internacional. El FMI, en su evaluación, advierte que el déficit del Sistema Público de Pensiones (SPP) crecerá del 2% del PIB en 2025 al 2,7% en 2027, mientras que la deuda de pensiones alcanzará el 28,3% del PIB.
El FMI también advirtió que los activos de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS) se agotarían en 2027, por lo que comprometió al gobierno a una reforma integral del sistema de pensiones para contener los déficits fiscales y restaurar la sostenibilidad de las pensiones, evitando medidas que aumenten las deudas contingentes.
En conclusión, el FMI ha expresado preocupaciones significativas sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones de El Salvador y la trayectoria de su deuda pública. El gobierno ha asumido compromisos para abordar estas cuestiones mediante reformas estructurales y estudios de sostenibilidad, con el objetivo de garantizar la viabilidad fiscal y la estabilidad económica del país a largo plazo.
