Los agentes de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE por sus siglas en inglés, deportaron a menos inmigrantes en febrero que durante el mismo mes del año pasado bajo la antigua administración de Biden.
En total, ICE deportó a unos 11.000 migrantes en febrero, el primer mes completo de Trump en la Casa Blanca, en comparación con los más de 12.000 indocumentados deportados en febrero de 2024.
Una de las principales razones de las cifras más altas bajo la administración de Biden fue el aumento de arrestos por agentes de ICE directamente en la frontera, lo que generalmente significa que se agilizan las deportaciones, pues es más fácil expulsar a las personas detenidas cerca de la frontera que encontrarlas después de que se dispersan por todo los Estados Unidos.
El zar fronterizo, Tom Homan, y la secretaria de seguridad nacional, Kristi Noem, han dicho constantemente que la política de deportación de la administración es «lo peor primero», lo que significa que priorizarán la expulsión de personas con antecedentes penales o presuntas amenazas a la seguridad nacional. Sin embargo, esta promesa no se ha cumplido del todo.
ICE le dijo al Congreso el año pasado que, hasta julio, había identificado a 435.000 inmigrantes indocumentados con condenas penales en el país que no estaban detenidos. Hasta el momento, se desconoce cuántas de estas 435.000 personas irregulares en el país han sido arrestadas o deportadas bajo la nueva administración Trump.
Y es que las personas deportadas en febrero, aproximadamente la mitad no tenían condenas penales ni cargos penales pendientes, según los datos publicados por ICE. El número de inmigrantes sin antecedentes penales arrestados por ICE y deportados aumentó ligeramente desde el final de la administración Biden, de 223 en diciembre a 390 en febrero, según informes.
REDUCCIÓN EN LOS CRUCES FRONTERIZOS
Si bien el número general de deportaciones es menor que el de Biden, la ofensiva migratoria de Trump ha tenido éxito en la reducción de cruces fronterizos, de manera significativa.
Los arrestos a lo largo de la frontera son los más bajos desde que comenzó el seguimiento hace 25 años. Y esto se debe a varias razones, entre ellas que la administración Trump puso fin a varios programas como el de CBP One, que permitía a los migrantes obtener citas para solicitar asilo a través de una app mientras esperaban en la frontera. Ahora, los migrantes son rechazados en la frontera incluso si se acercan a los puertos de entrada legales, una política a la que los grupos de defensa de los inmigrantes se han opuesto en los tribunales.
Trump también puso final programa de parole humanitario, que permitió la entrada de un total de 530.000 nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela bajo el Gobierno de Biden; el programa de reunificación familiar para colombianos, ecuatorianos, centroamericanos, haitianos y cubanos que podían acceder a la residencia a través del vínculo con familiares naturalizados en Estados Unidos; y el programa Unidos por Ucrania, que ofreció refugio a unos 240.000 ucranianos con patrocinadores estadounidenses.
Un memorando del Gobierno recientemente también ordenó la puesta en pausa de todas las solicitudes de inmigración presentadas por nacionales de América Latina y Ucrania, que entraron al país de manera legal beneficiados con ciertos programas migratorios. En lo adelante, miles de personas que pensaban regularizar su estatus, ya sea presentando casos de asilo político, a través de amparos familiares o acogiéndose a algún tipo de ley que les permita el camino a la residencia, quedan completamente imposibilitados de seguir adelante con sus procesos.
¿CÓMO AFECTA LAS DEPORTACIONES A LA ECONOMÍA DE EE.UU.?
En Estados Unidos viven unos 11 millones de inmigrantes indocumentados. Tres cuartas partes de ellos son de países de América Latina y muchos de ellos tienen empleos en sectores esenciales para las necesidades básicas de los ciudadanos estadounidenses. Si millones de personas son realmente deportadas, el impacto en las economías y comunidades locales podría ser significativo.
Actualmente, las amenazas de redadas y deportaciones masivas han generado un pánico generalizado entre la comunidad hispana migrante en el país. Trabajadores indocumentados de sectores como el agrícola, la construcción y el transporte, asi como las tiendas minoristas, han preferido quedarse en casa y evitar salir a trabajar para no ser blanco de estas redadas sorpresa del Departamento de Seguridad Nacional. Esto comienza a retrasar proyectos de finca raíz, a impactar los precios de frutas y verduras y ha sacudido las ventas de las tiendas de barrio, particularmente aquellas especializadas en comida y productos latinos.
Por otro lado, la salida de miles de indocumentados de la economía del país, podría costarle a los gobiernos millonarias pérdidas de recursos. En 2022, los trabajadores indocumentados pagaron us$97.000 millones en impuestos federales, estatales y locales, incluidos pagos a programas como la Seguridad Social y Medicare de los que no reciben ningún beneficio.
Los planes de Trump para la deportación masiva probablemente afectarán la producción y los ingresos fiscales, lo que perjudica el crecimiento económico general. El Instituto Peterson de Economía Internacional estima que la economía estadounidense podría contraerse un 1,2% para 2028 si el gobierno deportara a 1,3 millones de personas, una cifra muy inferior a la prometida por el gobierno Trump.
El producto interno bruto podría caer un 7,4% en el mismo período si se deportaran a los 8,3 millones de inmigrantes indocumentados que trabajan en Estados Unidos, indicó.
El total de inmigrantes, tanto legales como indocumentados, ha representado una quinta parte del crecimiento del PIB real del país desde 2019, según un análisis de Ernie Tedeshi, director de Economía del Laboratorio de Presupuesto de Yale.
