El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. anunció este jueves la revocación de la certificación de la Universidad de Harvard para participar en el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP), impidiéndole matricular a nuevos estudiantes internacionales y forzando a los ya inscritos a transferirse o abandonar el país.
La medida fue justificada por las autoridades bajo el argumento de que Harvard ha creado un «entorno inseguro» al permitir lo que describieron como “agitadores antiestadounidenses y proterroristas” en su campus. Sin embargo, la universidad negó rotundamente las acusaciones y calificó la decisión de «ilegal y arbitraria».
Harvard, ubicada en Cambridge, Massachusetts, cuenta con una población estudiantil internacional de casi 6,800 estudiantes, que representan más del 25% del total. La mayoría de ellos son estudiantes de posgrado provenientes de más de 100 países.
La medida representa un golpe directo a esta comunidad, ya que pierden su estatus legal en EE. UU. si no se transfieren a otra institución acreditada por el SEVP o abandonan el país.
Harvard responde que decisión es “ilegal”
En un comunicado oficial, Harvard afirmó que la decisión del Departamento de Seguridad Nacional es una represalia que atenta contra su independencia académica y su derecho constitucional a la libertad institucional.
“La universidad no cederá su independencia ni renunciará a sus derechos constitucionales”, señalaron los abogados de la institución en una carta al gobierno en abril.
Harvard también informó que trabaja para apoyar y orientar a sus estudiantes extranjeros ante esta medida, y anunció que emprenderá acciones legales para revertir la revocación de su certificación.
Una disputa política
La medida forma parte de una campaña del gobierno de Trump contra las universidades del país, a las que acusa de permitir el antisemitismo y fomentar el activismo antiamericano en los campus, especialmente tras las protestas propalestinas registradas en 2024.
En las últimas semanas, la administración Trump ya había congelado más de 2,200 millones de dólares en subvenciones federales a Harvard y anunció un recorte adicional de 450 millones, alegando que la universidad se niega a implementar reformas impuestas por el Ejecutivo.
