El Ministerio de Economía (Mineco) fue el anfitrión del foto “Ley de Competencia en Acción: La Experiencia Centroamericana”. En ese contexto, se hizo un análisis de los efectos de una legislación de esta naturaleza y el proceso que ha tomado en diferentes países su entrada en vigor.
De acuerdo con el Mineco, 20 naciones de Latinoamérica cuentan con una Ley de Competencia, y, según información brindada por los participantes, la misma se ha convertido en una herramienta de política económica que utilizan para brindar certeza jurídica y protección a empresas y consumidores.
Según el viceministro de Inversión y Competencia del Mineco, Antonio Romero, “una ley de competencia no sólo promueve la eficiencia económica, sino que también protege directamente a los consumidores, asegurando que tengan acceso a una variedad de opciones y precios razonables. Muchas empresas radicadas en Guatemala operan exitosamente bajo estas condiciones en otros países. Esto demuestra que podrían operar de igual forma con una ley de competencia en Guatemala, asegurando de esa manera un terreno de juego equitativo para todas las empresas”.
Participaron también en la actividad Jorge Miguel Castillo Castro, director de Promoción a la Competencia del Mineco; Gerardo Henríquez, superintendente de la Superintendencia de Competencia de El Salvador; Guillermo Rojas e Isaura Guillen, presidente y comisionada de la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) de Costa Rica; Arturo Ochoa, director de la Comisión para la Defensa y Promoción a la Competencia de Honduras; Jovany Morales, jefe del Departamento de Análisis y Estudio de Mercado de Panamá; Ludwing Antonio Llamas Alvarez, coordinador de la Comisión Académica de Investigación Científica del Colegio de Ciencias Económicas de Guatemala, Mario Rodolfo Salazar Escobar, jefe de Gabinete de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Sieca).
La Ley de Competencia se encuentra en el Congreso de la República, bajo la iniciativa 5074 y fue ya aprobada en primera lectura; sin embargo, aún tiene un proceso por avanzar en el Legislativo.
El Sector Empresarial Guatemalteco ha manifestado estar de acuerdo con la aprobación de esta Ley, siempre y cuando está basada en aspectos técnicos y sea de beneficio para todos los guatemaltecos.
