En el foro titulado “Y, ¿ahora qué? Un análisis del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2025”, convocado por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), la patronal guatemalteca, expertos en Economía y Derecho ofrecieron recomendaciones clave para afrontar los desafíos que plantea el presupuesto aprobado para el próximo año.
Entre las propuestas destacaron la creación de un fondo destinado a infraestructura con gobernanza transparente, fortalecer la fiscalización del gasto público y promover que el tema presupuestario sea entendido por la ciudadanía. Además, subrayaron la necesidad de recuperar la esencia republicana del sistema de Gobierno y restablecer la rectoría adecuada de los organismos del Estado.
El panel estuvo conformado por Francisco Quezada, del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecón); Pablo Hurtado, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes); Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi); y Mario García-Lara, de la Fundación 2020. La moderación fue dirigida por Carlos Arias, presidente de la Asociación de la Industria del Vestuario y Textiles (Vestex), una división de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport).
Desafíos del Presupuesto 2025
Los analistas coincidieron en que el presupuesto aprobado representa serios riesgos para la estabilidad macroeconómica del país, debido al incremento en el gasto de funcionamiento y a la falta de claridad que genera el nuevo modelo presupuestario. También señalaron que esta situación podría limitar las oportunidades de inversión y comprometer la ejecución eficiente de proyectos públicos.
Mario García-Lara propuso la implementación de un fondo o fideicomiso para infraestructura, manejado fuera de los procesos tradicionales del Ministerio de Comunicaciones, los cuales calificó como ineficientes. “Podríamos convertir este error en una oportunidad, destinando recursos de manera transparente y efectiva”, enfatizó.
Además, los expertos subrayaron la importancia de reforzar la auditoría social como una herramienta clave para vigilar el uso de los recursos públicos y garantizar que estos se traduzcan en beneficios para la población. También recomendaron devolver a la Ley Orgánica del Presupuesto su carácter estratégico y fortalecer el liderazgo de los organismos del Estado para garantizar una adecuada planificación y ejecución del gasto público.
El foro concluyó con un llamado a la acción para que tanto el sector público como el privado trabajen en conjunto, promoviendo la transparencia y fomentando una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones presupuestarias.
