En un contexto donde más de 1.6 millones de familias en Guatemala enfrentan un déficit habitacional, el acceso a vivienda digna sigue siendo un desafío crítico en 2024. Según datos de la Cámara Guatemalteca de la Construcción, el déficit incluye 900,000 viviendas nuevas necesarias y 700,000 que requieren mejoras urgentes. Además, el 35% de la población vive en condiciones de hacinamiento, mientras que solo el 3% de los hogares puede acceder a una vivienda mediante crédito hipotecario.
Frente a esta realidad, el ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz, se reunió con representantes de diversas comunidades que, en protesta, bloquearon durante más de tres horas el acceso al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV). Los manifestantes exigen avances concretos en la ejecución de proyectos habitacionales, un reclamo que refleja la urgencia de atender esta necesidad básica.
El encuentro permitió la liberación del paso vehicular en el área y abrió un espacio de diálogo entre las partes. El ministro Díaz señaló que el Fondo para la Vivienda (Fopavi) será clave en la evaluación y aprobación de proyectos habitacionales. Asimismo, reconoció problemas históricos de corrupción y burocracia que han obstaculizado la implementación de programas eficaces.
“El derecho a exigir soluciones es legítimo, pero no podemos permitir que estas acciones perjudiquen a la población en general. Trabajaremos en el marco de la ley para garantizar transparencia y equidad en los procesos”, afirmó Díaz, destacando que el diálogo es esencial para alcanzar acuerdos sostenibles.
Los líderes comunitarios valoraron la apertura al diálogo, pero subrayaron la necesidad de acciones inmediatas. Mientras tanto, el gobierno enfrenta el reto de recuperar la confianza ciudadana y agilizar la entrega de proyectos que beneficien a quienes más lo necesitan.
El déficit habitacional no es solo un problema de infraestructura. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en Guatemala el 60% de las viviendas son autoconstruidas, muchas de ellas sin cumplir estándares básicos de seguridad, lo que pone en riesgo a millones de familias, especialmente ante desastres naturales.
