Con el objetivo de fortalecer la formulación y planificación de proyectos de inversión pública, la Dirección de Preinversión Pública de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán), llevó a cabo un taller especializado dirigido a 29 Entidades Públicas de Inversión (EPI). La actividad se centró en el seguimiento de la cartera de proyectos para 2025 y en la orientación técnica para la preparación de iniciativas que se implementarán en 2026.
Durante la jornada, se establecieron mesas de trabajo en las que se delineó una hoja de ruta para la estructuración de proyectos, asegurando su alineación con los planes operativos anuales y multianuales de cada entidad. Esta metodología permitió optimizar la gestión de recursos y garantizar que las iniciativas propuestas respondan a las necesidades prioritarias de la población.
Según Edvan Marroquín, titular de la Dirección de Preinversión Pública, el taller tuvo un enfoque práctico para mejorar la calidad de los proyectos desde su etapa inicial. “Buscamos fortalecer las capacidades de formulación de las EPI. En este encuentro, analizamos la matriz de preinversión, una herramienta clave que permite mejorar la estructuración de proyectos de inversión y asegurar su viabilidad”, explicó.
Además de la asesoría técnica, los participantes realizaron ejercicios grupales diseñados para resolver dudas y afianzar el conocimiento sobre los requisitos esenciales de cada iniciativa. Estos espacios de aprendizaje facilitaron el intercambio de experiencias y mejores prácticas entre las entidades participantes.
Matriz de preinversión: clave para proyectos viables
Uno de los aspectos centrales del taller fue la revisión y aplicación de la matriz de preinversión, un instrumento desarrollado por Segeplán para evaluar la calidad y viabilidad de los documentos que respaldan los proyectos de inversión pública.
Esta herramienta permite estandarizar los criterios de evaluación en todo el país, garantizando que cada propuesta cumpla con requisitos fundamentales como pertinencia, coherencia y factibilidad. Su implementación contribuye a mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos y a asegurar que los proyectos respondan de manera efectiva a las necesidades de la ciudadanía.