La Ley de Competencia fue aprobada de urgencia nacional el 19 de noviembre, pero no todos los sectores recibieron la noticia de la misma manera. De acuerdo con el Ministerio de Economía, “esta legislación representa un cambio de paradigma que permitirá transformar la economía del país, promoviendo mercados más abiertos, instituciones más fuertes y un entorno favorable para la inversión”.
El Artículo 18 establece que se creará la Superintendencia de Competencia, la cual deberá promover y defender la libre competencia, así como prevenir, investigar y sancionar prácticas anticompetitivas. “La instancia debe velar porque el consumidor tenga acceso a variedad de opciones y precios razonables y que el productor pueda decidir libremente sus proveedores”, cita el Congreso de la República.
En ese sentido, el diputado Samuel Álvarez, refirió que la aprobación de esta ley “es una buena noticia para el bolsillo, inversión y desarrollo de las familias”. “Esta iniciativa ha estado guardada durante muchos años”, agregó el diputado, quien ha sido uno de los principales promotores de esta ley en el Pleno del Legislativo.
Analistas y columnistas como Jorge Chapas y Ramón Parellada, refieren que es una ley innecesaria, que solo aumenta la burocracia y, por lo tanto, consume recursos.
Algunos economistas argumentan que la ley podría ser insuficiente si no se aborda como parte de una política estatal integral que afronte problemas estructurales como la informalidad laboral y tributaria. Otros, como Lisardo Bolaños, asesor del programa Guatemala No se Detiene, opina que el documento aprobado cuenta con una visión técnica que incluye consideraciones que diversas bancadas propusieron. A su criterio, el 97% del dictamen propuesto por la Comisión de Economía fue aprobado.
De acuerdo con la ministra del Mineco, Gabriela García, “la Ley de Competencia es un hito para la nación, ya que impulsa el desarrollo de un entorno económico más competitivo, generando grandes oportunidades para aperturar mercados, fortalecer las instituciones, atraer inversión extranjera, y aumentar la productividad de las empresas. Además, abre el camino para la transformación de industrias existentes y la atracción de nuevas, particularmente en sectores emergentes de la economía”.
Al respecto, el viceministro de Inversión y Competencia, Antonio Romero, refiere que este ha sido un “resultado del trabajo conjunto de muchos actores clave, quienes han empujado durante años la discusión y construcción de una ley que favorezca el desarrollo económico y la mejora del bienestar de los consumidores”.
Por el momento, el sector empresarial de Guatemala no ha hecho un pronunciamiento formal al respecto, pero en ocasiones anteriores ha insistido en que esta legislación debe tener un fundamento técnico y debe enfocarse precisamente en fomentar la inversión y la empresarialidad.
