Tegucigalpa. En 2024, el número de jubilados y pensionados registrados por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) era de aproximadamente 61,449 y 10,712 respectivamente, lo que refleja una cobertura extremadamente limitada, especialmente en áreas rurales donde la informalidad laboral es alta.
La pensión mínima en Honduras oscila entre los L. 4,000 a L. 4,500 lempiras mensuales, equivalentes a unos USD 160-180, una cifra que no alcanza para cubrir las necesidades básicas de vida, llevando a muchos jubilados a vivir en extrema pobreza. Pero el rango no puede ser menor a los 1,500 lempiras. La sostenibilidad del sistema es cuestionada debido a la baja tasa de cotización y el envejecimiento de la población, agravado por la falta de políticas efectivas para formalizar el mercado laboral.
Un sistema con signos de desgaste
A lo largo de 2024, Honduras intentó abordar algunos de estos problemas mediante una revalorización de las pensiones aprobada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), sin embargo, el ajuste fue insuficiente para compensar la inflación real, dejando a muchos jubilados en una situación precaria. La estructura del sistema, que incluye un régimen de reparto para empleados públicos y un sistema de capitalización individual para el sector privado, muestra signos de desgaste. La informalidad laboral sigue siendo un obstáculo mayor para incrementar la base de cotizantes, y la falta de reformas estructurales profundas pone en riesgo la estabilidad financiera del sistema de pensiones a largo plazo.
Honduras presenta una de las situaciones más críticas en Centroamérica respecto a pensiones y jubilaciones, con una cobertura extremadamente baja y pensiones mínimas que no alcanzan para cubrir necesidades básicas. La alta informalidad laboral, la falta de reformas significativas y la insuficiencia de los ajustes anuales de pensiones subrayan la necesidad urgente de un cambio estructural.
Costa Rica
Costa Rica destaca en Centroamérica por su más robusto sistema de pensiones, que incluye tanto un régimen de reparto como opciones de ahorro voluntario, ofreciendo una cobertura relativamente alta. En 2024, la pensión mínima se estableció alrededor de USD 400 mensuales, lo que permite un nivel de vida más digno para los jubilados en comparación con otros países de la región. La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) administra un sistema que ha sido objeto de reformas para garantizar su sostenibilidad, aunque no sin controversias y retos, como ajustes en la edad de jubilación y en los años de cotización requeridos.
A pesar de los desafíos, Costa Rica ha logrado mantener una base de cotizantes más amplia gracias a una economía que favorece el empleo formal y a políticas que incentivan la participación en el sistema de pensiones. Sin embargo, el país también enfrenta aumentos en la expectativa de vida y presiones sobre el sistema debido a la informalidad creciente en ciertos sectores. Las reformas han sido orientadas a balancear la equidad con la sostenibilidad, con un enfoque en la protección social para asegurar que un mayor número de ciudadanos tenga acceso a una pensión adecuada.
Panamá
Panamá opera con un sistema de pensiones que combina reparto y capitalización individual, permitiendo una pensión mínima de aproximadamente USD 250 mensuales en 2024. Este país ha implementado medidas adicionales como la Visa de Jubilado, que ofrece beneficios como descuentos en servicios y exenciones fiscales, atrayendo a jubilados de todo el mundo. La Caja de Seguro Social (CSS) de Panamá ha trabajado en reformas para mejorar la sostenibilidad del sistema, aunque enfrenta desafíos similares a otros países en la región, como el aumento de la esperanza de vida y la informalidad laboral.
Las reformas en Panamá han incluido incrementos en las contribuciones y ajustes en la edad de jubilación para asegurar la viabilidad del sistema a largo plazo. No obstante, el gobierno ha tenido que balancear estos cambios con la necesidad de mantener el apoyo social y económico para sus ciudadanos mayores, especialmente en un contexto donde la economía depende significativamente del comercio internacional y el Canal de Panamá, lo cual influye en la estabilidad y en el poder adquisitivo de las pensiones.
El Salvador
El Salvador ha visto cambios significativos en su sistema de pensiones con reformas recientes que buscan mejorar su sostenibilidad. En 2024, la pensión mínima se situó en alrededor de USD 200 mensuales, un monto que, aunque mejor que en Honduras, sigue siendo insuficiente para muchos jubilados. El país ha implementado un sistema mixto, con un fuerte componente de capitalización individual, administrado por AFP, pero la cobertura sigue siendo un desafío debido a la alta tasa de informalidad laboral y a problemas de desempleo.
Reformas como la diversificación de las inversiones de los fondos de pensiones y ajustes en las contribuciones obligatorias han sido intentos de fortalecer el sistema. Sin embargo, El Salvador todavía lucha con la necesidad de expandir la cobertura de pensiones y asegurar que estas sean suficientes para cubrir el costo de vida en aumento. La informalidad y la migración de jóvenes hacia Estados Unidos agravan la situación, reduciendo la base de cotizantes y aumentando la presión sobre el sistema.
El sistema de pensiones en Guatemala provee una media de us$155 mensuales
Guatemala
Guatemala tiene uno de los sistemas de pensiones más débiles de Centroamérica, con cobertura muy baja y pensiones mínimas que no superan los Q1,200 (aproximadamente USD 155) mensuales en 2024. La mayoría de los trabajadores están en el sector informal, lo que limita drásticamente el número de personas con acceso a pensiones formales. El sistema de pensiones en Guatemala está dividido entre un régimen de seguridad social para empleados públicos y un sistema de capitalización individual, pero la informalidad y la falta de empleo formal dificultan su eficacia.
Los esfuerzos para reformar el sistema se han centrado en mejorar la gestión de los fondos de pensiones y en algunas ocasiones en proponer cambios en la legislación para incrementar la cobertura. Sin embargo, Guatemala enfrenta grandes desafíos para implementar estas reformas debido a la resistencia política, la corrupción y la necesidad de fomentar un entorno que incentive el empleo formal. La sostenibilidad del sistema es una preocupación constante, con la esperanza de que políticas más inclusivas puedan abordar estos problemas a largo plazo.
Nicaragua
Nicaragua maneja un sistema de pensiones que, al igual que otros en la región, lucha con la baja cobertura y pensiones mínimas muy reducidas, alrededor de USD 100 mensuales en 2024. El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) administra un sistema que combina reparto con cuentas individuales, pero el alto porcentaje de trabajadores en el sector informal reduce significativamente el número de beneficiarios. Las reformas han sido propuestas para mejorar la situación, incluyendo aumentos en las contribuciones para intentar asegurar la viabilidad del sistema.
A pesar de estos esfuerzos, Nicaragua enfrenta problemas de financiación y sostenibilidad, exacerbados por la situación política y económica del país. La crisis política ha afectado la confianza en las instituciones, incluyendo las encargadas de gestionar las pensiones. Además, la migración masiva de jóvenes ha reducido la base de cotizantes, lo que pone aún más presión sobre el sistema, ya de por sí frágil, para proveer pensiones adecuadas a sus ciudadanos mayores.
