El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) ha declarado, por tercer día consecutivo, el Estado Operativo de Alerta en el Sistema Interconectado Nacional debido al estrés energético y el aumento de la temperatura en México, lo que ha generado apagones en diversas regiones del país.
La primera declaración de alerta se produjo el pasado 7 de mayo, cuando el Sistema Interconectado Nacional entró en Estado Operativo de Emergencia debido a una demanda máxima histórica de electricidad, alcanzando cerca de 48,472 Megawatts (MW) en una hora. Este aumento en la demanda llevó a una disminución significativa en el Margen de Reserva Operativa, que descendió a menos del 3%, incumpliendo la normativa que establece un margen mínimo del 6% de reservas.
El miércoles 8 de mayo, a las 14:46 horas, se emitió la segunda declaración de Estado Operativo de Alerta en el sistema eléctrico nacional, lo que también resultó en cortes de luz en varias partes del país.
Esta crisis energética en mayo de 2024 es una continuación de los problemas experimentados en el sistema eléctrico mexicano desde el año anterior. En junio de 2023, el Cenace declaró el Estado Operativo de Emergencia debido a un incremento del 9% en la demanda de energía, lo que provocó apagones en diversas regiones del país.
El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció en su conferencia matutina del 9 de mayo la existencia de un déficit en la generación de energía eléctrica, atribuyéndolo a retrasos en la finalización de algunas plantas de ciclo combinado. Sin embargo, organismos privados como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) han instado al gobierno a reformular su estrategia de inversión energética para abordar los apagones.
La Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), instó al gobierno a abrir el sector a la participación del sector privado en la generación, transmisión y distribución de energía renovable. La asociación enfatizó la necesidad de reactivar las inversiones para modernizar la infraestructura eléctrica del país y garantizar un suministro confiable y sostenible de energía.
