México. La Secretaría de Hacienda ha propuesto modificar la Ley Federal de Derechos para aumentar las regalías que el Estado recibe de la industria minera, argumentando que los precios de los metales han mantenido un crecimiento sostenido en los últimos años. Sin embargo, la Cámara Minera de México (Camimex) advirtió que esta medida podría inhibir inversiones por más de us $6,900 millones en los próximos dos años.
La propuesta contempla elevar el «derecho especial» minero de 7.5% a 8.5% y duplicar el «derecho extraordinario» de 0.5% a 1.0%. Según Camimex, el impacto sería significativo para un sector que ya enfrenta desafíos como la reducción en concesiones, restricciones en exploración y una carga fiscal total del 52.68%, cifra que coloca a México en desventaja frente a países como Chile, Perú y Canadá.
“El incremento en regalías, junto con la falta de permisos y las restricciones regulatorias, pone en riesgo la llegada de nuevos proyectos al país”, señaló Camimex. A esto se suman las recientes modificaciones legales que acortaron la duración de las concesiones mineras de 50 a 30 años y endurecieron los requisitos para el uso de agua.
El sector minero representa aproximadamente el 2.5% del PIB de México y es un importante receptor de inversiones, principalmente de Estados Unidos y Canadá. México es líder mundial en producción de plata y se encuentra entre los principales productores de cobre y oro.
A pesar de los retos, la Camimex estimó que la inversión minera en México alcanzará los 5,131 millones de dólares este año, un crecimiento del 3.4% respecto a 2022, pero aún lejos del récord de 8,043 millones registrado en 2012. Las principales empresas del sector en el país, como Grupo México, Minera Autlán, Industrias Peñoles y Newmont Peñasquito, enfrentan ahora un entorno de mayor incertidumbre.
El Gobierno justifica las modificaciones al señalar que la minería genera «importantes beneficios económicos» al aprovechar recursos naturales que son propiedad de la Nación. Sin embargo, los actores del sector alertan que estas medidas podrían frenar el desarrollo de nuevos proyectos y reducir la competitividad de México como destino de inversión minera.
