México. Fitch Ratings ha ratificado la calificación crediticia de México en moneda extranjera de largo plazo en ‘BBB-‘, manteniendo una perspectiva estable. Esta calificación se fundamenta en un marco de política macroeconómica prudente, finanzas externas estables y robustas, y una relación deuda pública/PIB que se mantendrá por debajo de la mediana de otros emisores con la misma calificación.
La agencia señaló que se espera que el presupuesto de 2025 ofrezca señales claras sobre cómo se pretende reducir el déficit fiscal, que podría alcanzar el 5.4% del Producto Interno Bruto (PIB), el nivel más alto en más de tres décadas. Sin embargo, Fitch anticipa que la deuda gubernamental se mantendrá muy por debajo de la mediana del 55% dentro de la categoría “BBB”.
Respecto al apoyo presupuestario a Petróleos Mexicanos (Pemex), no se prevén cambios durante el gobierno de Claudia Sheinbaum. Pemex probablemente requerirá transferencias federales continuas a menos que se logre una mejora significativa en su eficiencia operativa o una reducción en su carga de deuda. «Esperamos que Pemex reciba un apoyo financiero inquebrantable del gobierno y que siga estando incluida como una partida en ejercicios presupuestarios posteriores», afirmó la agencia, aunque el gobierno entrante no ha indicado claramente sus planes al respecto.
Pese a la estabilidad de las circunstancias crediticias del país, Fitch advierte que existen factores que limitan la calificación. Entre estos se encuentran indicadores de gobernanza débiles, un historial de crecimiento moderado a largo plazo y riesgos fiscales relacionados con pasivos contingentes de Pemex y rigideces presupuestarias crecientes. Además, la agencia indicó que el paquete de reformas constitucionales, que incluye modificaciones al Poder Judicial, podría afectar negativamente el perfil institucional de México, aunque «es demasiado pronto para evaluar la posible gravedad antes de su aprobación e implementación».
En términos de gobernanza, el país tiene un puntaje de 5 en estabilidad política y derechos, Estado de derecho, calidad institucional y regulatoria, y control de la corrupción. Esto refleja un historial reciente de transiciones políticas pacíficas, un nivel moderado de derechos para la participación en el proceso político, una capacidad institucional moderada, pero un Estado de derecho y un control de la corrupción relativamente débiles.
