Recientemente, el Congreso de la ciudad aprobó una legislación que limita efectivamente los aumentos de alquiler e introduce nuevas regulaciones para tratar de enfriar un mercado inmobiliario que ha atraído una creciente demanda de locales y extranjeros. Las medidas, dijo el alcalde en funciones Martí Batres del partido gobernante de izquierda Morena, son un “acto de justicia social” que detendrá los abusos. “La gentrificación no es buena en ningún caso para la ciudad”, afirmó otro alto funcionario, agregando que “la debemos combatir”.
La escasez de viviendas y la asequibilidad de los alquileres son uno de los principales desafíos para las autoridades en cualquier lugar, en particular cuando afectan a los residentes de ingresos bajos y medios, y la capital de México no es la única que intenta abordar el problema con controles de precios. Desde Berlín hasta Barcelona y Ámsterdam, otras ciudades y naciones ricas han intentado enfoques similares o incluso más estrictos. En julio, la Casa Blanca lanzó un plan para imponer topes del 5% a los alquileres en alrededor de 20 millones de unidades de apartamentos.
Sin embargo, casi ninguna de estas estrategias termina creando más viviendas asequibles. Esto se debe a que intentan contener los precios en alza con medidas que limitan la oferta, lo que tarde o temprano significa menos casas en el mercado y presiones adicionales sobre los precios. Es economía básica. El nuevo gobierno de Ciudad de México que asuma el 5 de octubre debe reconocer los límites de esta política y concentrarse en lo que puede controlar: reducir la burocracia de la construcción, hacer más rápida la entrega de los permisos y la corrupción asociada, relajar los códigos de zonificación para permitir edificios más altos y viviendas sociales y promover más crédito para los trabajadores esenciales. Todas esas son medidas que deberían conducir a la construcción de más unidades.
