Colima, Guanajuato y Morelos: los estados menos pacíficos de México en 2025

El Índice de Paz México 2025 revela una leve mejora nacional en seguridad, pero muestra un preocupante aumento en homicidios, armas ilegales y violencia política.
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El Instituto para la Economía y la Paz (IEP) presentó el Índice de Paz México 2025, destacando que la paz mejoró un 0.7% en 2024, aunque la violencia armada y el crimen organizado siguen deteriorando la seguridad en varios estados como Colima, Guanajuato y Morelos.

Según el informe anual del IEP, México registra cinco años consecutivos de mejora moderada en paz, tras un periodo crítico de deterioro entre 2015 y 2019. Sin embargo, el país aún es un 13.4% menos pacífico que hace una década, y la tasa de homicidios es 55% más alta que en 2015.

Estados más y menos pacíficos

Yucatán se mantiene como el estado más pacífico del país por octavo año consecutivo, seguido de Tlaxcala y Durango. En contraste, Colima encabeza la lista de los más violentos con 101 homicidios por cada 100,000 habitantes, superando a Guanajuato, Morelos y Baja California.

Crimen organizado y violencia política

El crimen organizado sigue siendo el principal factor de violencia, con más de 18,000 homicidios vinculados a cárteles en 2024. Además, el año pasado fue el más letal para actores políticos, con al menos 201 asesinatos en el contexto de las elecciones de junio.

Costo económico de la violencia

El impacto económico de la violencia en México alcanzó los 4.5 billones de pesos en 2024, equivalente al 18% del PIB nacional. Esto representa más que el gasto total en salud y educación juntos, con un costo per cápita de 33,905 pesos.

Fentanilo, armas y flujos ilegales

Los flujos ilícitos de fentanilo, migrantes y armas de fuego entre México y Estados Unidos siguen afectando gravemente la seguridad. Aunque las incautaciones de fentanilo cayeron un 19.3% en 2024, expertos advierten que los cárteles continúan ganando cientos de millones de dólares anuales con su tráfico.

Urge inversión en justicia

México invierte solo 0.7% de su PIB en seguridad y justicia, menos de la mitad que el promedio regional. El país cuenta con apenas 4.4 jueces por cada 100,000 habitantes, lo que contribuye a altos niveles de impunidad. La reforma judicial de 2024 busca cambiar esto, pero también ha generado preocupación por una posible politización del sistema.