Por Rodrigo A. Rosales
Durante el primer trimestre de 2025, Coahuila fue la única entidad del país que se ubicó en semáforo amarillo del Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), es decir, su endeudamiento se encuentra en observación.
Esto significa que las 31 entidades restantes, a excepción de Tlaxcala que no se considera debido a que no registra deuda, se colocaron en un nivel de deuda sostenible.
El Sistema de Alertas mide el nivel de endeudamiento de los entes públicos que tengan contratados financiamientos y obligaciones, y éstos se encuentren inscritos en el Registro Público Único, cuya fuente o garantía de pago sea de ingresos de libre disposición.
Cabe recordar que la Ley de Disciplina Financiera, promulgada en 2026 para poner un “candado” a la contratación de deuda por parte de estados y municipios, establece tres indicadores para realizar la medición del Sistema de Alertas:
- Deuda Pública y Obligaciones sobre Ingresos de libre disposición
- Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre Ingresos de libre disposición
- Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas, menos los montos de efectivo, bancos e inversiones temporales, sobre Ingresos totales.
Los niveles del Sistema de Alertas
De acuerdo al resultado obtenido del Sistema de Alertas, el nivel de endeudamiento de los entes públicos se clasifica en tres niveles: Endeudamiento Sostenible (semáforo verde), Endeudamiento en Observación (amarillo) y Endeudamiento Elevado (rojo).
Así, la medición del Sistema de Alertas sirve para la determinación del techo de financiamiento neto al cual podrá acceder el próximo ejercicio fiscal.
Si se ubica en un Endeudamiento Sostenible, como máximo podrá incurrir en un endeudamiento adicional equivalente al 15% de sus ingresos de libre disposición; en Endeudamiento en Observación, el límite será de 5%, mientras con un Endeudamiento Elevado no podrá contratar financiamiento adicional en ausencia de un convenio de ajuste en sus finanzas públicas.
En cualquier caso, el nivel final de financiamiento deberá ser el aprobado por el Congreso local, sujeto a las restricciones mencionadas.
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