Guerrero Negro, Baja California Sur. La Exportadora de Sal (ESSA), atraviesa una crisis económica sin precedentes, con más de 6 millones de toneladas de sal apiladas y sin comercializar a solo tres meses de que concluya el año. A pesar de que su producción anual ronda los 8 millones de toneladas, los esfuerzos por mantener el precio de la sal en el mercado internacional a más de 20 dólares por tonelada han resultado en dificultades para cerrar acuerdos de venta, particularmente con su principal comprador, Japón.
La mayor salinera del mundo, Exportadora de Sal (ESSA), pasó a manos del Estado mexicano debido a una decisión tomada por el presidente López Obrador a principios del año 2024, bajo el argumento de de que estas empresas deben pertenecer a los mexicanos y que los extranjeros tienen por que explotar los recursos de la nación. El Gobierno, que ya tenía un 51% de participación estatal le compró a la japonesa Mitsubishi el resto de sus acciones por us $81 millones, para así obtener el control de la compañía localizada en Guerrero Negro.
El gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro, ha subrayado que la empresa se niega a «malbaratar» el producto, buscando nuevos mercados que acepten un precio competitivo. Sin embargo, esta postura ha complicado aún más las negociaciones, ya que a nivel mundial la sal industrial tiene un precio de entre us $23 y us $24 dólares, mientras que México pretende vender a us $26 dólares por tonelada, creando un desfase que ha paralizado las exportaciones.
La situación en ESSA ha generado preocupación entre los trabajadores, quienes temen por la pérdida de beneficios como su gratificación anual de fin de año y la venta de la flotilla de autos de la empresa. Además, se prevé que de no resolverse el conflicto comercial, ESSA podría concluir el 2024 con gran parte de su producción aún almacenada, lo que afectaría gravemente la recuperación en 2025.
El futuro de ESSA ahora parece depender del nuevo liderazgo de, Marcelo Ebrard al frente de la Secretaría de Economía en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien podría tener la última palabra para resolver esta compleja situación.