La Corte Suprema de Estados Unidos decidió este jueves que México no puede demandar a fabricantes de armas estadounidenses por su presunta responsabilidad en la violencia vinculada al narcotráfico, al considerar que la legislación local protege a estas empresas de este tipo de litigios.
La resolución, redactada por la jueza Elena Kagan y apoyada unánimemente por los miembros de la Corte Suprema, establece que la legislación estadounidense exime de responsabilidad a los fabricantes de armas, incluso si sus productos terminan involucrados en actos violentos fuera del país.
Según el fallo, México no presentó argumentos verosímiles que vinculen directamente a las empresas armamentistas con la violencia de los cárteles en su territorio.
Una demanda de alto impacto político y económico
El gobierno mexicano presentó en 2021 una demanda civil por US$10.000 millones ante un tribunal federal en Boston, acusando a 11 fabricantes de armas de prácticas comerciales «negligentes e ilícitas» que habrían facilitado el tráfico ilegal hacia México.
De acuerdo con datos del gobierno mexicano, más de 500.000 armas cruzan ilegalmente cada año desde EE.UU., siendo responsables de al menos 17.000 homicidios dolosos en 2019.
Argumentos de ambas partes
Los fabricantes, entre ellos Smith & Wesson, alegaron que están amparados por la Ley de Protección del Comercio Lícito de Armas de 2005, que impide su responsabilización por actos cometidos con sus productos. También advirtieron que permitir la demanda abriría la puerta a que otros sectores económicos sean demandados por el mal uso de sus productos.
Durante la audiencia en marzo, el juez Brett Kavanaugh expresó preocupación sobre los “efectos destructivos” que un fallo adverso podría tener sobre la economía estadounidense.
México, por su parte, argumentó que esa ley no aplica a daños ocurridos fuera del territorio estadounidense, y señaló que los fabricantes sabían que algunas de sus armas eran traficadas hacia grupos criminales.
Posición de la industria armamentista
La National Shooting Sports Foundation (NSSF), que representa a los fabricantes, negó cualquier responsabilidad, afirmando que “las acusaciones de tráfico transfronterizo de armas al por mayor son falsas” y responsabilizó al gobierno mexicano por el crimen organizado en su país.
Antecedentes judiciales
Aunque la demanda fue desestimada en primera instancia, un tribunal de apelaciones la reactivó en enero de 2024. En abril, Smith & Wesson solicitó la revisión del caso por parte de la Corte Suprema, que ahora pone punto final al intento legal mexicano.
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