Activistas ambientales y abogados se mostraron este viernes cautos pero optimistas sobre las opciones de éxito de Panamá frente al arbitraje internacional iniciado por la canadiense First Quantum Minerals (FQM), luego de que la Corte Suprema panameña declaró esta semana inconstitucional el contrato mediante el cual explota en este país la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica.
La especialista panameña en derecho ambiental internacional Joana Ábrego, abogada del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), recalcó que el mismo fallo que declaró el pasado 27 de noviembre la inconstitucionalidad de la Ley 406 del 20 de octubre de 2023, que daba vida al contrato minero, «considera que esta decisión no daría pie a una reclamación de la empresa».
Eso es así porque con el fallo «se están ejerciendo las facultades de policía del Estado para proteger el bienestar de su población, para proteger el ambiente y la salud de las poblaciones cercanas».
La empresa canadiense compró a riesgo
Un contrato anterior también fue declarado en el 2017 inconstitucional por el Supremo en respuesta a un recurso en ese sentido interpuesto en el 2009 por el CIAM.
En el momento de que FQM adquiere la concesión «conocía de la existencia de la demanda de inconstitucionalidad presentada por el CIAM y de otra del licenciado Juan Ramón Sevillano. Asumió un riesgo», dijo Ábrego.
«Hay una mala fe de la empresa, ellos compraron un contrato que tenía una demanda de inconstitucionalidad (la de 2009) e invirtieron dinero sabiéndolo», dijo el analista José Stoute.
Tanto Stoute como la abogada del CIAM señalaron que la cláusula 46 del contrato minero de 2023, «de alguna manera salvaguarda los procesos de revisión de la integridad de la Constitución de los procesos de arbitraje».
«Nadie puede decir cuál será la decisión (arbitral), son procesos muy complejos y demorados, se habla de más de 5 años, pero los elementos del mismo fallo (de inconstitucionalidad) van a ser un factor importante de esa decisión», añadió Ábrego.
Un equipo de defensa «íntegro»
El fallo que declaró inconstitucional el contrato ley que renovó por 20 años prorrogables la concesión para la explotación de la mina Cobre Panamá, operada Minera Panamá, señaló que este convenio aprobado el pasado 20 de octubre por el Gobierno y el Parlamento infringía 25 artículos de la Constitución del país.
Esto ha desatado la desconfianza en el Gobierno de Laurentino Cortizo de cara a la defensa en los tribunales internacionales.
«Queremos un equipo probo, íntegro, que defienda los intereses nacionales, necesitamos que haya transparencia y que nos diga, para que pasen el escrutinio público, quiénes son los que nos van a defender», dijo el constitucionalista Ernesto Cedeño.
La activista ambiental Raisa Banfield dijo que toca al país «organizarse y generar las auditorías para documentar los daños y afectaciones» causados por la mina, que está enclavada en el Corredor Biológico Centroamericano según sostienen los ambientalistas.
Historia reciente
Mina Cobre Panamá
- Ubicación: Provincia de Colón, Panamá
- Propietario: Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals
- Inicio de operaciones: 2019
- Reservas de cobre: 1,3 mil millones de toneladas
- Producción anual de cobre: 350 mil toneladas
- Empleados: 5.000
La mina Cobre Panamá fue descubierta en 1990 por la empresa canadiense Inmet Mining. En 2005, Inmet vendió el proyecto a la empresa australiana First Quantum Minerals.
La construcción de la mina comenzó en 2012 y se completó en 2019. La mina comenzó a operar en ese mismo año.
Producción
La mina Cobre Panamá produce anualmente 350 mil toneladas de cobre. El cobre es un metal esencial para la fabricación de cables, productos electrónicos y otros bienes.
El cobre producido en la mina Cobre Panamá se exporta principalmente a China, Estados Unidos y Japón.
Impacto ambiental
La mina Cobre Panamá ha sido objeto de críticas por su impacto ambiental. La mina ha sido acusada de contaminar el agua y el aire, y de causar daños a la biodiversidad.
En 2017, la Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional el contrato original que otorgaba la concesión a la mina. La Corte consideró que el contrato era lesivo para el interés público.
En 2023, el Gobierno de Panamá y First Quantum Minerals firmaron un nuevo contrato para la operación de la mina. El nuevo contrato incluye medidas para mitigar el impacto ambiental de la mina.
Arbitraje
En noviembre de 2023, First Quantum Minerals inició un arbitraje internacional contra Panamá por la cancelación del contrato original. La empresa canadiense alega que la cancelación del contrato fue un acto de expropiación y que le debe una compensación de 100.000 millones de dólares.
El arbitraje se llevará a cabo en Miami, Florida. Se espera que el proceso dure varios años.
