La Unión de Gremios de la Producción (UGP) emitió un comunicado expresando su desacuerdo con el flujo de trazabilidad «Unión Europea – Rediex» para las exportaciones paraguayas, especialmente para la carne nacional. El gremio sostiene que este esquema propuesto es inviable en términos operativos, generará demoras y costos innecesarios, incluso comprometiendo operaciones en un mercado que representa menos del 4%.
«Nos reafirmamos en nuestra posición de que como país no podemos aceptar ningún acuerdo, convenio, iniciativa o ‘cooperación’ que frene el desarrollo sostenible de Paraguay», afirma un fragmento del comunicado gremial. Héctor Cristaldo, presidente de la UGP, señaló que las normativas no son prácticas al aplicarse.
INVIABLE «Es un sistema inviable. No es práctico para un producto a granel que se comercializa y se transporta desde el origen hasta el destino. Es muy difícil segregar por origen y aún más hacer la trazabilidad en cada etapa. De los US$ 11.890 millones que exportamos el año pasado, la Unión Europea compró US$ 438 millones. Entonces, no es viable arriesgar un 96% del mercado por un 4% que representa el mercado europeo. Esto nos parece que no tiene relación con la realidad del Comercio Exterior paraguayo», detalló el referente.
Cristaldo explicó que esta propuesta de la Comunidad Europea está siendo tratada de revertir o ajustar por la Red de Inversiones y Exportaciones (Rediex), pero es complicado lograr ajustar las normativas a las condiciones en la región y especialmente en Paraguay, comprometiendo la soberanía nacional al ceder y ajustarse plenamente a exigencias ajenas a la realidad nacional según el desarrollo del campo y el sector primario en general.
CERTIFICACIONES Según el titular, el flujo de la UE consiste en una lista de 12 trámites o certificaciones que se deben cumplir para proceder con los envíos, afectando no solo a la carne sino también a la soja, yendo desde la obligatoriedad de que los productos estén libres de deforestación, «que sería el menor de los problemas», hasta el cumplimiento de la Ley de anticorrupción, lo que considera inaplicable por la falta de mecanismos certeros que puedan «medir» el nivel de corrupción para dicha finalidad.
«Están partiendo de un sistema que se llama Diligencia Debida, donde la carga es la prueba que queda en manos de la contraparte, no sobre el importador europeo. Te traspasan la responsabilidad de demostrar todo, entonces, si fuese un negocio entre privados solamente no habría problemas, ya que el que esté en condiciones de cumplir con las exigencias de su importador lo hará», planteó.
REGLAMENTO 1115 El referente indicó que las normativas provienen del Reglamento 1115 de la UE, relativo a la comercialización en el mercado de la Unión y a la exportación desde la Unión de determinadas materias primas y productos asociados a la deforestación y la degradación forestal.
«Europa tiene la intención de aplicar esta ley en otros territorios como el Mercosur. Pretenden poner su ley por encima de nuestras leyes, incurriendo en un tema más complicado donde se tocan cuestiones institucionales y de soberanía. Cerraron en 2019 el acuerdo con el Mercosur, no se formalizó porque no se aprobó en los parlamentos y ahora, cuatro años después aparece una adenda de sostenibilidad donde condicionan el avance del acuerdo a la aprobación de esa adenda», concluyó.
