La economía informal en Paraguay alcanzó tamaño alarmante de US$ 23.595 millones en 2023, según un estudio realizado por la consultora Mentu junto a la organización PRO Desarrollo. Esta cifra representa el 47,1% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Contrario a la creencia popular, la compra de productos ilegales no es un problema exclusivo de las personas de bajos recursos, sino que se hace presente en todos los estratos socioeconómicos, señala el informe el informe Economía Subterránea 2023. Ante este panorama, instan a cambiar el comportamiento del consumidor y la percepción del contrabando en la sociedad.
En 2021, la economía subterránea en Paraguay fue estimada en 44,3% del Producto Interno Bruto (PIB). En 2022 se calculó en un valor de US$ 22.019 millones, lo que representó el 45,9% del PIB. Según los analistas responsables del informe, en ambos años se observó una alta incidencia del aumento del trabajo informal de la “economía de subsistencia”.
“Este aumento coincide con los volúmenes de flujo de contrabando que presenciamos en gran parte del año 2023. El aumento de precios y la depreciación de monedas de países vecinos, especialmente el peso argentino, generaron un contexto que impulsaba a muchos agentes económicos a optar por compras en el segmento de la economía subterránea”, señala la consultora Mentu.
El informe también revela que las personas, en muchas ocasiones, priorizan el precio por sobre la calidad y la seguridad al momento de elegir entre comprar en un comercio formal o uno informal que ofrece productos de contrabando, ignorando factores cruciales como la salubridad de los productos y la seguridad de estos.
En la encuesta realizada en Asunción y el Departamento Central, 1 de cada 3 encuestados respondió que considera al contrabando como algo negativo, el resto lo ve indiferente o incluso como algo positivo. Esto nos lleva a pensar que es una cuestión cultural: no se percibe como un problema moral el comprar mercaderías con origen ilícito.
Con estos elementos, la organización PRO sugiere acciones como apoyar la iniciativa existente de ley anti-contrabando, dar institucionalidad a esta lucha a través de la creación de una institución autónoma con capacidad de planificación y acción, e implementar una trazabilidad desde la aduana hasta el punto de venta final.
Además, insta a poner en la agenda política de los gremios la problemática del contrabando, denunciando y visibilizándolo por medio de campañas de comunicación masiva de alto impacto, para que sea un estigma social y se logre una incidencia en los actores políticos.
“Debemos unirnos el sector público y el sector privado, y decidir cambiar”, señalaron.
