Desde incluso antes de concluir su mandato, Mario Abdo Benítez había estado reflexionando sobre el rol que deben desempeñar los expresidentes en una democracia. Durante su gestión, comprendió que el sistema político paraguayo necesita la participación de figuras y espacios capaces de contribuir genuinamente a los grandes asuntos de Estado, fuera de la contienda diaria por el poder.
“Vivir en democracia implica, sobre todo, respetar valores fundamentales y fomentar consensos. Cualquier mecanismo que fortalezca la institucionalidad en defensa de esos valores, como las libertades civiles y políticas, y que promueva la construcción de consensos, es bienvenido”, afirmó el expresidente.
Como ejemplo, sugirió regular la figura de la senaduría vitalicia, para que este rol adquiera una formalidad. En este sentido, toda su intervención pública sigue estando motivada por esta idea.
“Me preocupa que no se respeten las reglas fundamentales que definen el funcionamiento de los poderes del Estado. Me inquieta la concentración de poder, el debilitamiento del pluralismo político y la falta de independencia del Poder Judicial. Siempre que estos peligros aparezcan, me sentiré obligado a participar en la vida pública para defender las bases de nuestra democracia. Estas preocupaciones, creo, deberían ser compartidas por todos los expresidentes”, subrayó antes de abordar los temas de economía y negocios.
¿Cómo percibe la situación de la economía real hoy en día?
Hablar de economía real es hablar de la calidad de vida de nuestra gente. La estabilidad macroeconómica no debe ocultar esta realidad. El 2023 fue, en términos generales, un buen año económico; el sector agrícola tuvo un buen desempeño, lo que permitió que nos fuera mejor que a otros países de la región. Afortunadamente, todo indica que también cerraremos bien este año.
Sin embargo, los buenos resultados generales son solo la base. Si miramos el desempleo, por ejemplo, alcanzamos un 6,4%, lo que significa que más compatriotas están sin trabajo. Al dejar la administración, Paraguay era uno de los países con menor desempleo en el MERCOSUR. Me preocupa esta situación, ya que lo fundamental es llevar pan a la mesa de las familias. La gente necesita oportunidades laborales y acceso a ingresos dignos.
Otro aspecto a considerar es la inversión extranjera, que cayó más del 60% el año pasado. Durante nuestra gestión, incluso en el momento más difícil de la pandemia en 2020, Paraguay fue uno de los cinco países latinoamericanos que mantuvieron el crecimiento en inversión extranjera. En medio de la mayor incertidumbre mundial, se apostó por Paraguay.
Si bien baso estos comentarios en mi experiencia y algunos datos conocidos, reconozco que un año es un periodo corto para evaluar una gestión económica. Debemos empezar a discutir qué está desalentando la inversión y corregir lo que sea necesario.
¿Cómo observa el rumbo de Paraguay en los últimos años?
Paraguay ha seguido dos caminos paralelos. Por un lado, hemos tenido una trayectoria exitosa en políticas macroeconómicas en las últimas dos décadas, que comenzó con Nicanor Duarte Frutos y Dionisio Borda. Esto permitió una reducción sostenida de la pobreza y un crecimiento de la clase media.
Con el esfuerzo conjunto de varias administraciones, la clase política, el sector privado y la sociedad civil, logramos proteger la estabilidad macroeconómica a través de un pacto político y social que comenzó en 2003. Fue un éxito, y deberíamos replicar esa estrategia para otros cambios que necesitamos. La administración actual, con mayoría en ambas cámaras, debería, con tolerancia y sabiduría, persuadir a todo el arco político y social.
¿Qué retos quedan por delante?
A pesar de los avances, reconozco que Paraguay tiene deudas históricas en áreas como educación, seguridad, salud, seguridad social y vivienda. La inversión en la primera infancia, un tema al que le dimos especial atención, debería ser una prioridad para el futuro de nuestra nación.
Las políticas e inversiones implementadas en nuestra gestión lograron mejoras significativas, como en educación, infraestructura vial, salud y energía eléctrica. Estos avances son esenciales para mejorar el bienestar social.
¿Cuál es la clave para diversificar la economía?
Durante nuestro gobierno, creamos un entorno favorable para la inversión privada. Paraguay tiene ventajas competitivas, como un sistema tributario con incentivos atractivos. Sin embargo, nada de esto funciona sin seguridad jurídica. Actualmente, vemos un retroceso innegable en términos de Estado de derecho y división de poderes, lo que afecta los grandes proyectos. Espero que esta administración continúe gestionando los proyectos estratégicos en marcha e implemente nuevas medidas con la urgencia necesaria.
¿Cómo lograron mantener la calificación crediticia durante la pandemia?
No solo la mantuvimos, sino que en 2022 Moody’s mejoró la perspectiva de Paraguay, algo que no ocurría desde hace siete años. Esto no fue casualidad, sino resultado de una gestión prudente, con políticas anticíclicas que mitigaron el impacto de la pandemia. Además, implementamos reformas importantes, como la reforma tributaria de 2019 y las leyes antilavado de activos.
¿Cómo describe el clima para hacer negocios en Paraguay?
El clima de negocios en Paraguay es el resultado de decisiones acertadas tomadas durante las últimas dos décadas. Hemos creado una burocracia comprometida y preparada, lo que ha permitido mejorar nuestra calificación de riesgo. Esto facilita mejores tasas y mayor financiamiento, tanto para el sector público como privado, lo que debe traducirse en oportunidades para la población.
Sin embargo, insisto en que el retroceso en seguridad jurídica y la falta de institucionalidad podrían poner en riesgo estos avances. Dejamos una agenda de reformas y una hoja de ruta para mejorar la institucionalidad, con el apoyo del FMI.
Finalmente, en 2022, Paraguay aprobó la evaluación del GAFILAT, lo que refuerza la estabilidad y previsibilidad del país. Lamentablemente, los funcionarios que lideraron este proceso hoy están imputados, en lo que parece un escandaloso caso de manipulación judicial. Esto deslegitima nuestras instituciones y envía señales negativas, algo que debe corregirse para proteger nuestra democracia.
