Paraguay se encuentra en una encrucijada fiscal: a pesar de una tendencia decreciente en su gasto salarial público, el país sigue destinando una proporción significativamente mayor de su presupuesto a este rubro en comparación con otros países de América del Sur.
Según los datos un reciente informe del Viceministerio de Economía, en el período de enero a agosto de 2024, el 52,3% del presupuesto nacional se destina a pagos salariales, una cifra que, si bien representa una disminución histórica, aún supera con creces el promedio regional.
Esta proporción sitúa a Paraguay como el segundo país de la región con mayor gasto salarial público sobre el presupuesto general, solo superado por Colombia (61%). El contraste es aún más marcado al comparar con países como Chile (22,1%), Brasil (17,8%) y Argentina (11,6%), que mantienen proporciones mucho más bajas.
La evolución histórica de este indicador muestra una tendencia a la baja desde 2019, cuando alcanzó un pico del 63,6%. Desde entonces, ha experimentado fluctuaciones, llegando a un mínimo del 58,0% en 2022, antes de repuntar brevemente al 61,2% en 2023. El nivel actual del 52,3% representa el punto más bajo desde 2003, año en que se registró el máximo histórico del 74,9%. Esta disminución, aunque resaltante, no ha sido suficiente para alinear a Paraguay con los estándares regionales.
DISTRIBUCIÓN SALARIAL
En cuanto a la distribución de los salarios de la administración central para el periodo enero-agosto, el Ministerio de Educación sigue siendo el principal receptor, con el 36% del total. La salud, por su parte, representa el 21% y las fuerzas de seguridad, que incluye a policías y militares, son un 23% del total de los salarios estatales.
Además de los sectores mencionados, el resto del poder ejecutivo recibe el 7% del total de los salarios, mientras que el poder judicial y el poder legislativo obtienen el 10% y el 2%, respectivamente. Finalmente, «otros» representa solo el 1% del total, lo que refleja que la mayoría de los recursos salariales están concentrados en las áreas de educación, salud y seguridad.
Por un lado, la tendencia a la baja en el porcentaje del presupuesto destinado a salarios es una señal positiva hacia una mayor responsabilidad fiscal. Por otro lado, surgen interrogantes sobre la eficiencia del gasto público y la necesidad de posibles reformas estructurales para alinear el gasto salarial y el tamaño del funcionariado público con los estándares regionales, haciendo enfásis en la calidad del servicio recibido a por el aporte de los contribuyentes.
