“Cuando venza el plazo, se hace exigible el pago. Si no se soluciona de común acuerdo, deberá acatarse lo que se resuelva en el arbitraje”, afirmó.
El procurador enfatizó que el cese de relaciones diplomáticas entre Paraguay y Venezuela no afecta la existencia ni el desconocimiento de la deuda. “Paraguay considera válido el cálculo realizado sobre la base del acuerdo bilateral suscripto por ambos presidentes y ratificado por ambos Congresos”, sostuvo. Además, explicó que el incumplimiento de los pagos generaría intereses adicionales.
Según González, la principal discrepancia radica en la tasa de interés y el momento desde el cual deben computarse los intereses moratorios. Paraguay sostiene que los intereses deben calcularse a partir de 2025, conforme al acuerdo bilateral ratificado. Sin embargo, PDVSA argumenta que un posterior acuerdo firmado entre Petropar y la petrolera venezolana modifica las condiciones, aplicando una tasa más alta y adelantando el inicio de los intereses.
“Nosotros decimos que eso no puede estar por encima de un tratado internacional”, afirmó González en entrevista, subrayando que Paraguay defiende que los tratados internacionales prevalecen sobre acuerdos particulares. En este contexto, el arbitraje planteado por PDVSA quedó suspendido tras el reconocimiento internacional de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.
El arbitraje permanece en un estado de suspensión debido a la falta de consenso sobre la representación legítima de Venezuela. “Ahora tenemos la misma situación que hace cuatro o cinco años. Mientras eso no se solucione, hay muchas probabilidades de que el arbitraje continúe suspendido”, explicó el procurador. Sin embargo, aclaró que la acumulación de intereses no se detiene.
González también recordó que el acuerdo original preveía que Paraguay pagara el 75% del producto recibido de PDVSA y financiara el 25% restante, con posibilidad de abonar este saldo hasta 2025. Este esquema fue alterado por el acuerdo posterior, que Paraguay considera inválido.
Consultado sobre si el arbitraje podría reanudarse próximamente, indicó que dependerá de la resolución del conflicto de representación en Venezuela. Mientras tanto, Paraguay sigue defendiendo su posición ante cualquier eventualidad. “Paraguay va a depender de las condiciones económicas para pagar, ya sea que espere al vencimiento del plazo o que negocie una financiación”, agregó.
En relación con posibles demandas fuera del arbitraje, el procurador aseguró que “la controversia debe resolverse por vía de diálogo o arbitraje”, y destacó que el tribunal arbitral tiene la última palabra en este caso.
En otro tema, González fue consultado sobre las movilizaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro en Caracas, en las que participó el expresidente Mario Abdo Benítez. Al respecto, mencionó que, de surgir algún conflicto legal, Paraguay puede recurrir a instancias internacionales como Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos para proteger a sus ciudadanos.
Finalmente, abordó la obligación de la Procuraduría de reclamar la devolución de fondos públicos malversados. Explicó que este proceso se activa una vez que las sentencias queden firmes. “La Procuraduría tiene la obligación de exigir la reparación económica del daño cuando la sentencia esté firme”, afirmó, citando casos previos como el del exministro Enzo Carboso.
González concluyó señalando que la Procuraduría continuará trabajando en la defensa de los intereses del Estado paraguayo, tanto en el caso de PDVSA como en otros litigios nacionales e internacionales.
