Los puntajes de Paraguay muestran una falta de mejoría en los últimos años, manteniéndose estancados en el rango de “muy corrupto”, con una puntuación de 28, apenas superando la cifra de 25 registrada en 2012. Según el análisis de Transparencia Internacional, la falta de independencia judicial debilita el estado de derecho, promoviendo la corrupción y favoreciendo la impunidad.
Luciana Torchiaro, consejera regional para las Américas de Transparencia Internacional, destaca la necesidad apremiante de que los países de la región fortalezcan sus poderes judiciales para garantizar la rendición de cuentas y la justicia. El debilitamiento continuo de los pesos y contrapesos solo amplifica la impunidad, perjudicando a la sociedad y el bienestar colectivo.
A nivel regional, Canadá (76) y Uruguay (73) lideran el ranking gracias a sistemas sólidos de pesos y contrapesos, mientras que Venezuela (13), Haití (17) y Nicaragua (17) presentan los puntajes más bajos, caracterizados por la impunidad y la falta de independencia judicial.
Solo dos países, Guyana (40) y la República Dominicana (35), han mejorado en el IPC en la última década, mientras que la mayoría ha experimentado estancamiento o disminución significativa. La sensación de impunidad y la percepción de corrupción en el sistema judicial afectan la confianza pública en las Américas, desalentando denuncias y debilitando la institución.
El informe destaca casos específicos, como el descenso de Guatemala (23) debido a gobiernos corruptos y el desafío para el nuevo gobierno de restablecer la integridad del Estado. Chile (66), a pesar de mantener instituciones democráticas fuertes, ha experimentado una disminución en su puntaje desde 2014, requiriendo medidas urgentes para combatir la corrupción y el crimen organizado.
Transparencia Internacional hace un llamado a los gobiernos para garantizar la independencia, transparencia y recursos necesarios del Poder Judicial. Además, insta a establecer leyes y procedimientos eficientes para contrarrestar la corrupción. Daniel Eriksson, director ejecutivo, destaca la necesidad de eliminar obstáculos y garantizar acceso efectivo a la justicia, subrayando que la corrupción agrava la injusticia social y afecta desproporcionadamente a los más vulnerables.
