(Lima, Perú) Después de un prolongado litigio de 20 años, el Gobierno peruano finalmente ha logrado cobrar una parte sustancial de la deuda fiscal de Telefónica, una de las principales empresas de telecomunicaciones del país.
La cifra inicial asciende a la considerable suma de S/746 millones (us$201.6 millones), como parte de una deuda total que supera los S/1.361 millones (us$367.8 millones). Este hito fiscal se materializó tras un fallo favorable del Poder Judicial en última instancia con respecto a las declaraciones del Impuesto a la Renta de los ejercicios fiscales de 2000 y 2001.
Los fondos obtenidos, gestionados por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), se suman a un total cercano a los us$ 270 millones, obtenidos a través de procedimientos coercitivos de cobro, marcando un aumento significativo en comparación con los us$ 162 millones recibidos en abril de 2023.
«Este logro se debe principalmente al cobro de S/746 millones a una destacada empresa de telecomunicaciones, tras la resolución favorable para el Estado de un largo proceso legal que se prolongó durante casi dos décadas», señaló un representante de Sunat.
El impacto de este cobro se refleja en los ingresos tributarios del gobierno central, que en abril de este año alcanzaron los us$ 4,762 millones, experimentando un crecimiento del 4% en comparación con el mismo período del año anterior.
El litigio con Telefónica
El litigio entre Telefónica y las autoridades fiscales peruanas se remonta a abril del año pasado, cuando la empresa anunció su intención de cumplir con el pago de la deuda fiscal según lo dictaminado por el Poder Judicial en última instancia en enero de 2023. A pesar de las objeciones de la compañía con respecto a ciertos aspectos de la decisión judicial, se comprometió a realizar el pago, respetando la institucionalidad y la seguridad jurídica.
Este prolongado caso marca un hito importante tanto para el gobierno peruano como para Telefónica, destacando la importancia de la transparencia y el respeto por las normativas fiscales en el país. A pesar de este desenlace, Telefónica S.A. mantiene un arbitraje internacional con el Estado peruano por presuntas violaciones al Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y Perú.
