Lima. El gestor de fondos de inversión Brookfield ha iniciado un procedimiento de arbitraje internacional contra el Estado peruano, reclamando más de us$ 2.700 millones por su inversión en el proyecto Rutas de Lima. La empresa sostiene que la Municipalidad de Lima y otras entidades estatales han expropiado tramos concesionados mediante ordenanzas municipales y otras medidas que, según su versión, violan el marco legal aplicable.
El arbitraje ha sido presentado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Perú. Según Brookfield, estas acciones han privado a Rutas de Lima de su capacidad para cobrar peajes en una de las vías concesionadas.
Por su parte, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, justificó las medidas adoptadas por el municipio, argumentando que ciertos contratos de peajes fueron otorgados de manera irregular en gestiones anteriores.
“Seguridad de la inversión, claro que sí, pero para gente decente, pues. Seguridad para un corrupto, no puede haber”, declaró, refiriéndose a los acuerdos firmados durante la administración de la exalcaldesa Susana Villarán.
El caso también involucra al Tribunal Constitucional, que en marzo de 2024 ordenó la suspensión del cobro del peaje en Puente Piedra hasta la construcción de una vía alternativa, al considerar que afectaba el derecho al libre tránsito de los ciudadanos.
Con este arbitraje, Brookfield busca una compensación millonaria, mientras que el Estado peruano enfrenta un nuevo desafío legal en foros internacionales en medio del debate sobre la seguridad jurídica y las concesiones en infraestructura.
