(Lima, Perú) El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) obtuvo un laudo arbitral favorable en la disputa con la empresa China Railway 20 Bureau Group Corporation Sucursal del Perú (CR20) por el proyecto de mejoramiento y conservación de una vía en Huánuco.
Esta resolución significa un importante triunfo para el Estado peruano, ya que se evitó el pago de us$ 13.7 millones que la empresa china exigía por una supuesta ampliación de plazo con mayores gastos generales. El tribunal arbitral, tras un análisis exhaustivo de las pruebas presentadas, desestimó la solicitud de CR20.
Detalles del proyecto y controversia
El proyecto en cuestión, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), busca mejorar, conservar y operar el corredor vial Huánuco – La Unión – Huallanca Desvío Antamina/ Empalme PE-3N (Tingo Chico) – Nuevas Flores – Llata – Antamina.
La controversia surgió cuando CR20 solicitó una ampliación de plazo con reconocimiento de mayores gastos generales, lo que significaría un pago adicional de us$ 13.7 millones al Estado peruano. Provías Nacional, unidad ejecutora del MTC, evaluó la solicitud y la rechazó, lo que llevó a la empresa china a iniciar un arbitraje.
El laudo arbitral emitido respalda la gestión del MTC y Provías Nacional en la defensa de los intereses del Estado.
Antecedentes con China Railway
Cabe recordar que China Railway no es una empresa nueva en el sector de obras públicas en Perú. En 2023, el MTC rescindió un contrato con la empresa China Railway Tunnel Group Co. debido a la detección de irregularidades en la adjudicación de una obra en Huancavelica, que había significado una inversión de casi us$ 87.5 millones
Además, a finales del mismo año, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) inhabilitó a la empresa China Railway N°10 Engineering Group (CREC 10) para contratar con el Estado hasta el 2024 por subcontratar a otra empresa para ejecutar una obra.
El laudo arbitral a favor del MTC en este caso contra CR20 sienta un precedente importante en la defensa de los intereses del Estado peruano en el marco de las contrataciones públicas.
