Lima. El grupo Telefónica, de capital español, mantiene una reclamación contra el Estado peruano por un total de 1.122 millones de euros (equivalentes a us$1.217 millones al tipo de cambio actual), en relación con daños y perjuicios derivados de impuestos y provisiones fiscales aún pendientes de pago.
La disputa se lleva a cabo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), con un veredicto esperado para entre febrero y marzo de 2025, según informó el portal El Economista de España.
Impuestos bajo controversia
Telefónica argumenta que ha realizado pagos por un monto de us$572.5 millones que considera contrarios a derecho, y además busca desbloquear provisiones fiscales adicionales por us$647.2 millones. La empresa acusa al gobierno peruano de violar el Tratado Bilateral de Inversión entre España y Perú, y de imponer medidas fiscales que no respetan los acuerdos de protección recíproca de inversiones.
El caso es uno de los más grandes para una empresa española ante el Ciadi, involucrando a la administración tributaria peruana (Sunat) y altos intereses acumulados por impagos en las operaciones de Telefónica en Perú.
Según la compañía, aproximadamente el 80% de las cantidades desembolsadas provienen de intereses generados por retrasos no atribuibles a sus operaciones.
Precedentes judiciales en Perú
En un caso reciente, la Séptima Sala Contencioso Administrativa de Lima del Poder Judicial ordenó la devolución de más de us$100.2 millones (S/371 millones) a Telefónica, tras determinar que las cartas fianzas presentadas por la empresa para suspender el cobro de una deuda tributaria del año 2000 debían ser restituidas. Esta sentencia ha despertado interés por su prolongada duración y las implicaciones fiscales que acarrea para el país.
