Lima. Las empresas en Perú enfrentan la obligación de informar detalladamente sobre el tratamiento de los datos personales de sus usuarios, o arriesgarse a multas que pueden superar los us$ 137.333 (515,000 soles que equivale a 100 UIT – Unidad Impositiva Tributaria), advirtió José Francisco Espinoza Céspedes, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS).
Requisitos legales y multas
La Ley N° 29733 sobre protección de datos personales exige que las empresas informen a los usuarios y a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia si sus datos serán alojados o tratados en servidores fuera del país. Esta normativa, vigente desde 2011, contempla sanciones para las empresas que no cumplan con estas obligaciones, que varían desde infracciones leves hasta muy graves, con multas que van desde 0.5 UIT hasta 100 UIT.
Las infracciones pueden incluir la falta de protocolos de seguridad en el manejo de datos, la ausencia de consentimiento para trasladar datos fuera del país, y la omisión de información sobre el almacenamiento y tratamiento de los datos a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales.
Necesidad de mayor difusión
Renato Del Castillo, gerente general de Smartteg, subrayó la necesidad de una mayor difusión de la ley para asegurar que las empresas comprendan sus responsabilidades legales en el manejo transfronterizo de datos personales. “En la práctica puede suceder que por desconocimiento de la ley no se cumplan con estas obligaciones. O, cuando se cumplen, se puede incurrir en gastos administrativos adicionales”, mencionó Del Castillo.
La autoridad está cada vez más vigilante del cumplimiento de estas normativas debido a la creciente vulnerabilidad de la información, que puede resultar en actos delictivos como extorsiones y secuestros. Las empresas que manejan datos sensibles, como fotos, videos y documentos personales, deben ser especialmente cautelosas.
Sobre la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales
La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia juega un papel crucial en la protección de los datos de los usuarios. La entidad exige información sobre la ubicación de los datos de las empresas, ya que el tratamiento legal puede variar según la región. Por ejemplo, en Estados Unidos prevalece la libertad contractual en caso de controversias, mientras que en Europa se prioriza el respeto a la legislación local.
