México enfrenta un desafío crítico en la generación de empleo formal, con una meta mínima de 1.2 millones de puestos anuales para absorber a nuevas generaciones que se integran a la fuerza laboral. Sin embargo, este objetivo choca con una desaceleración económica proyectada (0.4% de crecimiento del PIB en 2025), recortes históricos en inversión pública y la parálisis de la inversión privada por incertidumbre jurídica.
A continuación, se analizan los factores clave y sus implicaciones.
El empleo formal en México –registrado ante el IMSS– requiere generar 100,000 plazas mensuales para cubrir la demanda de jóvenes que ingresan al mercado laboral y reducir la informalidad. Hasta abril de 2025, se habían creado 179,289 empleos acumulados, superando la meta mensual pero insuficiente para el acumulado anual. No obstante, el reto no solo es cuantitativo:
25% de los jóvenes ocupados (15-29 años) trabajan en actividades elementales o de apoyo, mientras solo el 15% son profesionistas o técnicos.
El sector terciario (comercio y servicios) absorbe al 60% de los jóvenes empleados, con jornadas laborales más cortas (37-43 horas semanales).
Estos datos reflejan una estructura laboral precaria, donde el empleo formal no necesariamente se traduce en movilidad social o productividad.
La desaceleración global impacta a México: la OCDE proyecta el menor crecimiento de América Latina (0.4% en 2025), agravado por:
1. Colapso en inversión pública:
La inversión en infraestructura cayó 33.9% interanual en el primer cuatrimestre de 2025, el recorte más alto desde 1995.
Sectores críticos como transporte (-51.7%) y agropecuario (-99.5%) son los más afectados, limitando proyectos de trenes, carreteras y sistemas de riego.
2. Parálisis de inversión privada:
La reforma al Poder Judicial, que incluye elección popular de jueces, genera incertidumbre sobre la independencia de criterios técnicos en disputas legales.
Expertos advierten que esto podría reducir la Inversión Extranjera Directa (IED), ya que el Estado de derecho es un factor clave para decisiones de capital.
Aunque el gobierno insiste en que la reforma judicial «fortalece el Estado de derecho», especialistas identifican riesgos.
Esto se suma a la ya frágil confianza por la reforma energética de 2024, que priorizó a empresas estatales como CFE y Pemex.
El gobierno ha implementado programas como la Alianza «Empleo Joven» y las «Casas del Emprendedor» para vincular a jóvenes con el mercado laboral y apoyar iniciativas productivas. No obstante, estas medidas contrastan con:
* La caída de 80,800 millones de pesos en inversión física (2025 vs. 2024).
* La dependencia excesiva del mercado estadounidense, cuyo crecimiento también se desacelera.
Expertos coinciden en que sin reactivación de ambos tipos de inversión (pública y privada), será imposible sostener la generación de empleo formal requerida.
México necesita un enfoque multidimensional:
* Recuperar credibilidad institucional mediante mecanismos que garanticen independencia judicial y transparencia en licitaciones.
* Reorientar inversión pública hacia sectores generadores de empleo calificado (tecnología, energías renovables).
* Fortalecer programas de capacitación para reducir la brecha entre formación académica y demanda laboral.
La combinación de desaceleración económica, crisis de inversión y reformas controvertidas configura un escenario donde el empleo formal podría volverse un espejismo estadístico, sin impacto real en la calidad de vida de los jóvenes.
