Pese a las múltiples controversias y cuestionamientos ambientales y sociales, este 15 de diciembre el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró oficialmente las primeras seis estaciones del Tren Maya, dando así el banderazo de salida a una de las obras de infraestructura más ambiciosas de su administración.
Con una inversión que ronda los us$28,000 millones de dólares, se espera que este mega proyecto ferroviario impulse el desarrollo turístico y económico de los estados del sureste mexicano, al conectar las entidades de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco.
Si bien activistas y organizaciones ecologistas han advertido sobre los posibles daños ambientales por la deforestación de miles de hectáreas de selva, el presidente defendió la importancia del proyecto y descartó que los amparos presentados vayan a detener su continuación.
De acuerdo a las proyecciones gubernamentales, se calcula una derrama económica anual de al menos us$2,700 millones producto de la operación del tren. Asimismo, se contempla la creación de más de 300 mil empleos directos e indirectos con la puesta en marcha.
Con una velocidad de 120 km/hr, el trayecto entre Campeche y Cancún se reducirá a solo 6 horas y el costo por boleto rondará entre 70 y 100 dólares, por debajo del transporte terrestre regular. El próximo tramo por inaugurarse es de Palenque a Escárcega en diciembre de 2023.
Uno de los principales cuestionamientos que enfrenta el Tren Maya, tiene que ver con su impacto ambiental, especialmente en el acuífero subterráneo de la península de Yucatán, hogar de un delicado sistema de lagunas y ríos subterráneos conocidos como cenotes que abastecen de agua a la región.
Debido a la compleja geografía de la zona, el trazo del tren ha requerido ser modificado en repetidas ocasiones. No obstante, ambientalistas advierten que la mega obra pone en riesgo el vital recurso hídrico de las comunidades locales.
«No tenemos certeza sobre cómo se verá afectado el manto acuífero; debió planearse de manera sostenible, garantizando la resistencia estructural, y no se está haciendo», criticó la activista Cristina Nolasco.
Otro frente de inconformidad tiene que ver con la consulta indígena del proyecto. Si bien el gobierno alega haber obtenido el permiso de los pueblos originarios mediante una votación en 2019, la ONU cuestionó que dicho proceso no cumplió con los estándares internacionales al no informar a las comunidades sobre impactos negativos.
Así, a las interrogantes económicas por la viabilidad del mega proyecto, se suman reclamos por la afectación ambiental y vulneración de derechos indígenas, situación que pone en entredicho la planeación y ejecución del Tren Maya.
